CARPIO ABOGADOS Y ASOCIADOS
ADMINISTRATIVO
Menu
A+ A A-

LIBERTAD DE CONTRATACIÓN

LIBERTAD DE CONTRATACIÓN

Libertad de contratar.

Como contenido del principio de autonomía de la voluntad

Intangibilidad de términos contractuales

Determinación de la legalidad de las cláusulas contractuales

Límites explícitos

Fin lícito como límite explícito

Límites implícitos

Derechos fundamentales como límites implícitos

Contrato-ley.

Concepto

Finalidad

Relación entre contrato-ley e interés público

Interpretación constitucional

Ámbito de intangibilidad dentro del contrato

Ámbito de intangibilidad del estatuto jurídico fijado

Economía social de mercado............................................. EXP. N.º 1963-2006-PA/TC

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLENO JURISDICCIONAL 0001-2005-PI/TC

El test de razonabilidad o proporcionalidad se realiza a través de tres subprincipios: 1º subprincipio de idoneidad o de adecuación; 2º subprincipio de necesidad; y 3º subprincipio de proporcionalidad strictu sensu, criterios que en su momento fueran utilizados por este Colegiado en las STC Nos 0016-2002-AI y 0008-2003-AI, entre otras.

a)      Subprincipio de Idoneidad o Adecuación : De acuerdo con este, toda injerencia en los derechos fundamentales debe ser idónea o capaz para fomentar un objetivo constitucionalmente legítimo. En otros términos, este subprincipio supone dos cosas: primero, la legitimidad constitucional del objetivo; y, segundo, la idoneidad de la medida utilizada.

b)      Subprincipio de Necesidad : Significa que para que una injerencia en los derechos fundamentales sea necesaria, no debe existir ningún otro medio alternativo que revista, por lo menos, la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto y que sea más benigno con el derecho afectado. Se trata de una comparación de la medida adoptada con los medios alternativos disponibles, y en la cual se analiza, por un lado, la idoneidad equivalente o mayor del medio alternativo; y, por otro, su menor grado de intervención en el derecho fundamental.

c)      Subprincipio de Proporcionalidad strictu sensu : Según el cual, para que una injerencia en los derechos fundamentales sea legítima, el grado de realización del objetivo de intervención debe ser por lo menos equivalente o proporcional al grado de afectación del derecho fundamental. Se trata, por tanto, de la comparación de dos intensidades o grados: la realización del fin de la medida examinada y la afectación del derecho fundamental.[19]

 

Libertad de contratar.

Como contenido del principio de autonomía de la voluntad

La voluntad se sustenta en el principio de la autonomía de la voluntad, que tiene un doble contenido: a) la libertad de contratar –consagrada en los artículos 2, inciso 14), y 62 de la Constitución Política del Perú llamada también libertad de conclusión, que es la facultad de decidir cómo, cuándo y con quién se contrata; y 2) la libertad contractual, también conocida como libertad de configuración interna, que es la de determinar el contenido del contrato.

 

Intangibilidad de términos contractuales

De una interpretación sistemática de los dos párrafos del artículo 62 de la Constitución se establece una regla de carácter general, y es que no solo los términos contractuales contenidos en un contrato-ley, sino que, en general, todo término contractual, no puede ser modificado por leyes u otras disposiciones de cualquier clase.

 

Determinación de la legalidad de las cláusulas contractuales

La revisión del contenido de un contrato (...) no corresponde que (...) sea determinada en sede constitucional, sino en la vía ordinaria, en la que, en aplicación de la legislación sustantiva pertinente se determine la legalidad de las cláusulas pactadas.

 

Límites explícitos

Los límites explícitos a la contratación, conforme a la norma pertinente, son la licitud como objetivo de todo contrato y el respeto a las normas de orden público.

 

Fin lícito como límite explícito

Si bien el artículo 62 de la Constitución establece que la libertad de contratar garantiza que las partes puedan pactar según las normas vigentes al momento del contrato y que los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase, dicha disposición necesariamente debe interpretarse en concordancia con su artículo 2, inciso 14), que reconoce el derecho a la contratación con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes de orden público. Por consiguiente, y a despecho de lo que pueda suponer una conclusión apresurada, es necesaria una lectura sistemática de la Constitución que, acorde con lo citado, permita considerar que el derecho a la contratación no es ilimitado, sino que se encuentra evidentemente condicionado en sus alcances, incluso, no solo por límites explícitos, sino también implícitos.

 

Límites implícitos

Límites implícitos (...) son las restricciones del derecho de contratación frente a lo que pueda suponer el alcance de otros derechos fundamentales y la correlativa exigencia de no poder pactarse contra ellos. Asumir que un acuerdo de voluntades, por más respetable que parezca, puede operar sin ningún referente valorativo, significaría no precisamente reconocer un derecho fundamental, sino un mecanismo de eventual desnaturalización de los derechos.

 

Derechos fundamentales como límites implícitos

Los acuerdos contractuales, incluso los suscritos en ejercicio de la autonomía privada y la libertad contractual de los individuos, no pueden contravenir otros derechos fundamentales, puesto que, por un lado, el ejercicio de la libertad contractual no puede considerarse como un derecho absoluto y, de otro, pues todos los derechos fundamentales, en su conjunto, constituyen, como tantas veces se ha dicho aquí, ni más ni menos, el orden material de valores en los cuales se sustenta todo el ordenamiento jurídico peruano.

 

Cuando el contrato se transforma en un mecanismo que distorsiona derechos laborales o no permite garantizarlos del modo más adecuado, no cabe la menor duda de que el objetivo de licitud de la libertad de contratar predicado por la norma fundamental se ve vulnerado, a lo que se suma el hecho de facilitar que derechos que se consideran constitucionalmente adquiridos e irrenunciables, puedan verse vaciados de contenido. (...) El Estado no solo tenía y tiene la facultad, sino el deber de intervenir creando una normativa que resultara compatible con los derechos laborales del trabajador.

 

Contrato-ley.

Concepto

El contrato-ley es un convenio que pueden suscribir los contratantes con el Estado, en los casos y sobre las materias que mediante ley se autorice. Por medio de él, el Estado puede crear garantías y otorgar seguridades, otorgándoles a ambas el carácter de intangibles. Es decir, mediante tales contratos-ley, el Estado, en ejercicio de su ius imperium, crea garantías y otorga seguridades y, al suscribir el contrato-ley, se somete plenamente al régimen jurídico previsto en el contrato y a las disposiciones legales a cuyo amparo se suscribió este.

 

Finalidad

Por su propia naturaleza, a través del contrato-ley, el Estado busca atraer inversiones privadas (de capital) a fin de que promuevan aquellas actividades que el Estado considera que vienen siendo insuficientemente desarrolladas, de acuerdo con los planes y objetivos que se pueda haber trazado en el diseño de la política económica del Estado. Tienen como contenido propiciar un marco de seguridad a los inversionistas no solo en asuntos privados de la administración, sino, también, en la prestación de actividades de derecho público.

 

Relación entre contrato-ley e interés público

A tenor del segundo párrafo del artículo 62 de la Constitución, así como del mismo artículo 1357 del Código Civil, tanto la autorización para la suscripción u otorgamiento de un contrato-ley, como la inclusión de determinadas relaciones jurídico-patrimoniales en aquel, deben fundarse en un interés público específico, lo que significa que el otorgamiento de un contrato-ley no puede considerarse como un acto de pura libertad contractual ni meramente discrecional, tanto para el legislador como para los órganos de la administración pública.

 

Interpretación constitucional

Una interpretación (...) del contrato ley en relación al interés público se aviene con el telos de la inserción del contrato-ley a nivel constitucional. En efecto (...), la aparición y consagración normativa del contrato-ley está vinculada con la promoción de las inversiones privadas en las economías nacionales, dentro de un esquema en el que se ofrezca a los inversionistas seguridades, entonces, no es constitucionalmente adecuado que se realice una interpretación de los alcances de la institución que, antes de optimizarla, le reste operatividad.

 

Ámbito de intangibilidad dentro del contrato

En abstracto, no existe una limitación para que el Estado, mediante el contrato-ley, solo extienda las garantías que se derivan de su suscripción al ámbito tributario o jurídico. Puede perfectamente extenderse, dentro de los límites que la Constitución y la ley  fijen, a todas las cláusulas contractuales, en aquellos casos en los que el contrato-ley constituya un contrato administrativo, precisamente con el objeto de que, con posterioridad a su suscripción, el Estado no invoque la existencia de una cláusula exhorbitante y se desvincule de los términos contractuales pactados.

 

En lo que se refiere únicamente a los contratos-leyes, (...) “no puede ser modificada legislativamente” como lo prescribe la última parte del artículo 62 de la Constitución. Dicho de otro modo; aunque el legislador pueda modificar el régimen legal de suscripción de un contrato-ley, tal modificación no alcanza a quienes, con anterioridad a ella, hubieran suscrito dicho contrato-ley.

De esta forma, el artículo 62 de la Constitución, al igual que en la Primera Disposición Final de la Ley Fundamental, establece una nueva excepción a la regla general contenida en el artículo 109 de la Constitución, según la cual “La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial...”. De allí que (...) se considere superfluo, desde el punto de vista constitucional, que pese a no existir una ley o norma con rango de ley que establezca la posibilidad de aplicar ultraactivamente la legislación a cuyo amparo se suscribió un contrato-ley, este contenido se haya formulado en el artículo 24 del Decreto Supremo Nº 162-92-EF.

 

Ámbito de intangibilidad del estatuto jurídico fijado

 

 

No solo gozan de inmodificabilidad las cláusulas que compongan el contrato-ley, cuando así se acuerde, sino también el estatuto jurídico particular fijado para su suscripción. Es decir, tanto la legislación a cuyo amparo se suscribe el contrato-ley, como las cláusulas de este último.

Ello es producto de una interpretación sistemática de los dos párrafos del artículo 62 de la Constitución. Por  un lado, de conformidad con la primera parte de dicho precepto constitucional, y no solo respecto a los términos contractuales que contenga el contrato-ley, sino, en general, para todo término contractual, estos “no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase”.

 

Economía social de mercado EXP. N.º 1963-2006-PA/TC

La Constitución Peruana reconoce el derecho fundamental a la libertad contractual desde una configuración binaria; de este modo, tanto el inciso 14 del artículo 2º como el artículo 62º de la Constitución han establecido su marco constitucional de actuación.

En cuanto al derecho a la libre contratación previsto por el artículo 2.14 de la Constitución, el Tribunal Constitucional ha señalado que este se concibe como el acuerdo o convención de voluntades entre dos o más personas naturales y/o jurídicas para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica de carácter patrimonial. Dicho vínculo –fruto de la concertación de voluntades– debe versar sobre bienes o intereses que poseen apreciación económica, tener fines lícitos y no contravenir las leyes de orden público.

Desde una perspectiva abstracta, tal derecho, prima facie, garantiza

                               · Autodeterminación para decidir la celebración de un contrato, así como la potestad de elegir al cocelebrante.

                               · Autodeterminación para decidir, de común acuerdo, la materia objeto de regulación contractual.

A lo expuesto debe agregarse que la libertad contractual constituye un derecho relacional, pues, con su ejercicio, se ejercen también otros derechos, tales como la libertad al comercio, la libertad al trabajo, etc.

Por su parte, respecto a los alcances del artículo 62º de la Constitución, este Colegiado ha señalado que de una interpretación sistemática de los dos párrafos del referido artículo, se establece una regla de carácter general, es que no sólo los términos contractuales contenidos en un contrato ley, sino que, en general, todo término contractual, “no puede ser modificado por leyes u otras disposiciones de cualquier clase”

No cabe duda de que la Constitución de 1993, al reconocer y proteger la libertad contractual como derecho fundamental y garantía institucional del régimen económico peruano, releva la importancia de esta libertad en el seno del Estado Social y Democrático de Derecho; sin embargo, tal reconocimiento no debe, de ninguna manera, ser interpretado de manera errónea, encasillándolo exclusivamente en la categoría de libertad negativa con el fin de que los particulares puedan oponerse de manera irrestricta a cualquier intervención del poder estatal.

Como bien se ha señalado en los fundamentos 4 a 6, supra, en el Estado Social y Democrático de Derecho, las libertades económicas reconocidas en nuestro texto constitucional también cumplen una función social; y, a estos efectos, el Estado ejerce un rol de vigilancia y regulación de las actividades económicas de los particulares, precisamente para efectivizar la función social, que no es otra cosa que atender al bien común. 

En ese sentido, este Tribunal ha precisado que el orden público a que hace alusión el artículo 2º, inciso 14, de la Constitución hace explícita la carga institucional de todo derecho fundamental que da lugar a que la libertad de contratación no pueda ser apreciada como una isla oponible a costa de la desprotección de otros derechos fundamentales. Por ello, en criterio de este Tribunal, en un Estado Social y Democrático de Derecho (artículo 43º de la Constitución), el orden público y el bien común se encuentran instituidos en el propio contenido protegido del derecho fundamental a la libre contratación, actuando sobre él, cuando menos, en una doble perspectiva: prohibitiva y promotora. Prohibitiva en el sentido de que, como quedó dicho, ningún pacto contractual puede oponerse al contenido protegido de otros derechos fundamentales. Y promotora en cuanto cabe que el Estado exija a la persona la celebración de determinados contratos, siempre que, de un lado, no se afecte el contenido esencial del derecho a la libertad de contratación y, de otro, se tenga por objeto conceder debida protección a otros derechos fundamentales.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, creado mediante Decreto Ley Nº 25868, es el organismo estatal encargado de la aplicación de las normas legales destinadas a proteger el mercado de las prácticas monopólicas que resulten controlistas y restrictivas de la competencia en la producción y comercialización de bienes y en la prestación de servicios, así como de las prácticas que generan competencia desleal, y de aquellas que afectan a los agentes del mercado y a los consumidores”.[14]

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLENO JURISDICCIONAL 0001-2005-PI/TC

 

Lo expuesto en el Fundamento N.º 47, supra, constituye la determinación del ámbito protegido del derecho fundamental a la libertad de contratación, lo que no quiere decir que sea un contenido oponible en todo tiempo y circunstancia al resto de derechos fundamentales reconocidos por la Carta Fundamental, pues ello implicaría una lectura aislada del texto constitucional que, en tanto unidad, impone una interpretación de sus disposiciones en concordancia práctica, esto es, “(...) sin `sacrificar´ ninguno de los valores, derechos o principios concernidos, y teniendo presente que, en última instancia, todo precepto constitucional (...) se encuentra reconducido a la protección de los derechos fundamentales, como manifestaciones del principio-derecho dignidad humana, cuya defensa y respeto es el fin supremo de la sociedad y el Estado (artículo 1º de la Constitución)”.[16]

Por ello, en atención a que el artículo 2.14º de la Constitución establece que toda persona tiene derecho a contratar con fines lícitos, “siempre que no contravenga leyes de orden público”, este Tribunal ha precisado que “(...) es necesaria una lectura sistemática de la Constitución que, acorde con lo citado, permita considerar que el derecho a la contratación no es ilimitado, sino que se encuentra evidentemente condicionado en sus alcances, incluso, no sólo por límites explícitos, sino también implícitos; límites explícitos a la contratación, conforme a la norma pertinente, son la licitud como objetivo de todo contrato y el respeto a las normas de orden público. Límites implícitos, en cambio, serían las restricciones del derecho de contratación frente a lo que pueda suponer el alcance de otros derechos fundamentales y la correlativa exigencia de no poder pactarse contra ellos”.

Así las cosas, el orden público al que hace alusión el numeral 2.14º de la Constitución hace explícita la carga institucional de todo derecho fundamental que supone que la libertad de contratación no pueda ser apreciada como una isla oponible a costa de la desprotección de otros derechos fundamentales. Por ello, en criterio de este Tribunal, en un Estado social y democrático de derecho (artículo 43º de la Constitución), el orden público y el bien común se encuentran instituidos en el propio contenido protegido del derecho fundamental a la libre contratación, actuando sobre él, cuando menos, en una doble perspectiva : prohibitiva y promotora. Prohibitiva en el sentido de que, como quedó dicho, ningún pacto contractual puede oponerse al contenido protegido de otros derechos fundamentales. Y promotora, en cuanto cabe que el Estado exija a la persona la celebración de determinados contratos, siempre que, de un lado, no se afecte el contenido esencial del derecho a la libertad de contratación, y de otro, se tenga por objeto conceder debida protección a otros derechos fundamentales.

De acuerdo a lo expuesto en el Fundamento N.º 39, supra, el objeto del SOAT previsto en el artículo 30º de la Ley N.º 27181 consiste en “cubrir a todas las personas, sean ocupantes o terceros no ocupantes, que sufran lesiones o muerte como producto de un accidente de tránsito”. En ese sentido, resulta evidente que su finalidad se encuentra orientada a proteger los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la salud, reconocidos en los artículos 2.1º y 7º, respectivamente, de la Constitución, habiendo sido configurado como una medida idónea y pronta para otorgar debida protección a los referidos derechos fundamentales.

Sin embargo, toda vez que el artículo 11º de los Decretos Supremos N.os 049-2000-MTC y 024-2002-MTC que lo regulan, imponen la contratación del seguro con las compañías de seguros autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) a todo vehículo automotor que circule en el territorio de la República, corresponde analizar si dicha medida cumple en su totalidad con el test de razonabilidad y, por ende, si ésta no afecta más allá de lo estrictamente necesario el derecho fundamental a la libertad de contratación, y si en el estudio integral de la problemática, los derechos fundamentales comprometidos resultan optimizados en su conjunto.

El test de razonabilidad o proporcionalidad se realiza a través de tres subprincipios: 1º subprincipio de idoneidad o de adecuación; 2º subprincipio de necesidad; y 3º subprincipio de proporcionalidad strictu sensu, criterios que en su momento fueran utilizados por este Colegiado en las STC Nos 0016-2002-AI y 0008-2003-AI, entre otras.

a)      Subprincipio de Idoneidad o Adecuación : De acuerdo con este, toda injerencia en los derechos fundamentales debe ser idónea o capaz para fomentar un objetivo constitucionalmente legítimo. En otros términos, este subprincipio supone dos cosas: primero, la legitimidad constitucional del objetivo; y, segundo, la idoneidad de la medida utilizada.

 

b)      Subprincipio de Necesidad : Significa que para que una injerencia en los derechos fundamentales sea necesaria, no debe existir ningún otro medio alternativo que revista, por lo menos, la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto y que sea más benigno con el derecho afectado. Se trata de una comparación de la medida adoptada con los medios alternativos disponibles, y en la cual se analiza, por un lado, la idoneidad equivalente o mayor del medio alternativo; y, por otro, su menor grado de intervención en el derecho fundamental.

 

c)      Subprincipio de Proporcionalidad strictu sensu : Según el cual, para que una injerencia en los derechos fundamentales sea legítima, el grado de realización del objetivo de intervención debe ser por lo menos equivalente o proporcional al grado de afectación del derecho fundamental. Se trata, por tanto, de la comparación de dos intensidades o grados: la realización del fin de la medida examinada y la afectación del derecho fundamental.[19]

 

El Tribunal Constitucional considera que la restricción al derecho fundamental a contratar libremente resulta plenamente constitucional por los siguientes motivos :

 

a)      En principio, el artículo 11º de los mencionados Decretos Supremos no exige que la contratación del SOAT se efectúe con una entidad específica, sino con cualquiera de las compañías de seguros autorizadas por la SBS, lo que ciertamente otorga un amplio margen al contratante para seleccionar a su contraparte.

 

b)      El demandante cuestiona que las entidades autorizadas por la SBS sean empresas privadas cuyo objeto es el lucro comercial. Empero, ello no puede ser considerado como un elemento que determine la invalidez de la incidencia generada sobre la libertad de contratación. Debe recordarse que la libertad de empresa también es un bien constitucionalmente protegido y la generación de riqueza un objetivo que lejos de ser obstaculizado, debe ser promovido y estimulado por el Estado (artículo 59º de la Constitución), en la medida, claro está, de que en ningún caso la sociedad corporativa se aleje de la función social que le viene impuesta desde que el artículo 43º de la Constitución reconoce al Perú como una República social y el artículo 58º dispone que la iniciativa privada se ejerce en una economía social de mercado.

 

c)      Asimismo, distintos factores evidencian que el Estado ha procurado garantizar que la restricción de la libertad contractual a través de la contratación del seguro no se aleje de su objetivo de proteger los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la salud;[20] Así :

 

i)                    Las compañías de seguro deben informar al Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción (MTCVC) y a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), el monto de las primas contratadas, el monto de los gastos de administración, gastos de producción, recargo comercial, tributos y otros similares, y el monto de los siniestros desembolsados; debiendo, dicha información, ser compatible con la documentación contable de la compañía aseguradora[21].

 

ii)                   Es el MTCVC, en coordinación con la SBS, el que aprueba el formato único y el contenido de la póliza del SOAT[22].

 

iii)                 La SBS evalúa anualmente el nivel de las indemnizaciones efectivamente otorgadas por las compañías de seguros, y el MTCVC puede introducir las modificaciones que resulten necesarias en el contenido de la póliza a efectos de garantizar el cumplimiento de los objetivos del referido seguro, siendo tales modificaciones vinculantes para las compañías[23].

 

iv)                 El incumplimiento de las obligaciones que corresponden a las compañías de seguros derivadas del SOAT y de la normativa pertinente son sancionadas por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) y por la SBS, con arreglo a lo dispuesto por el Decreto Legislativo N.º 716 y la Ley N.º 26702, respectivamente. Asimismo, a elección del interesado, pueden formularse quejas ante la Defensoría del Asegurado, teniendo los pronunciamientos de esta entidad carácter vinculante para las compañías de seguros[24].

 

v)                  Un ejemplo claro de esta función sancionadora la encontramos en el pronunciamiento del Indecopi derivado del procedimiento de oficio iniciado por la Comisión de Libre Competencia, y recaído en la Resolución N.° 0224-2003/TDC-INDECOPI, mediante la que se sancionó a diversas empresas aseguradoras que habían infringido los artículos 3° y 6°, inciso a), del Decreto Legislativo N.º 701, incurriendo en prácticas monopólicas, controlistas y restrictivas de la libre competencia, por haber concertado el precio de las primas de las pólizas correspondientes al SOAT durante el periodo comprendido entre diciembre del 2001 y abril del 2002.

 

Consecuentemente, el Tribunal Constitucional estima que la restricción de la libertad contractual generada por la obligación de contratar el SOAT no afecta el contenido esencial del derecho. Por el contrario, aprecia que la protección que a través de ella se dispensa a los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la salud, optimiza el cuadro material de valores de la Constitución del Estado, presidido por el principio-derecho de dignidad humana (artículo 1º de la Constitución).

150786 comments

  • tire recycling pyrolysis machine

    Thanks for helping out, superb information.

  • diet plans for women to lose weight

    diet plans for women to lose weight
    diet plans for women to lose weight

  • شركة نظافة بجدة

    whoah this blog is great i love reading your posts. Keep up the good work!
    You recognize, a lot of people are searching
    arokund for this information, yoou could help them
    greatly.

  • Leicester Escorts
    Leicester Escorts Jueves, 25 Agosto 2016 14:27 Comment Link

    When you want to lay your hands on the most exclusive and exquisite diamonds,
    you must have the sense to sort it out from worthless pebbles that might look tempting!
    We, at Elite Diamond Escorts, are equipped with the best diamond-like divas who has studded our gallery- and
    they are nothing short of the precious diamonds.
    Looking for the best partner to whisk away time
    while enjoying her jocund company? Our Nottingham escorts fit
    the bill perfectly! When you have once sealed the deal with us, you would approach us
    time and again to satiate your pleasure needs. You get top-class, professional and confidential services that is well within your budget
    when you pair up with a breathtaking glam doll. We list for you the best escorts in Nottingham, Derby, Mansfield
    and Leicester.

    Our gallery exudes class apart charm: Elite exclusive
    Escorts Nottingham! Leicester Escorts



    Do you dream of enjoying the sizzling company of a English babe with a hourglass figure,
    scintillating moves, lustrous eyes, rose-petal like lips, pink cheeks
    and buttery smooth skin? If a sprightly Spanish lady gives an impetus to your desires
    to get naughty with her blonde locks, smart moves, naughty
    looks or an American beauty becomes too hot to handle for you-
    yes, at Elite Diamond Escorts you get swept off your feet when you check out our
    variety. The high-profile ladies have an indelible aura about them.
    These ladies are erotic genies and can gag your
    senses with their charm, killer looks and wow-worthy escorting prowess.
    Our divas are great fashionistas, always up for fun and experimentation and you will love to enjoy a passion-ride in their company!
    We have a resourceful gallery and all the pictures
    of the amazing Nottingham escorts are 100% genuine and
    updated.

    Make the most of our incall and outcall services



    All the male brigade dreaming of dating a lady who will be a replica of that stunning model gracing glossy covers or be with
    a oh-so-irresistible star-like erotic queen can fulfill their dream as Elite Diamond Escorts enable them to enjoy
    the company of high-profile ladies. With zero emotional investment, there is nothing that can stop you from
    indulging in romantic hit-chats with cute ladies to heating up
    things with a sassy one, squeeze out mischievous moments from a frisky banter, play the 'touch-me' 'touch-me-not' game flirting to the core and dropping in some
    real good hints for her to pick up when you drop in at her plush apartment
    and hire high class incall escorts Nottingham services.




    If you are in the hunt for outcall Nottingham escorts and have stopped by
    Elite Diamond Escorts, then you are sure to come across some
    amazing party girls, divas who are refined and polished enough to
    zoom in to the cultural hubs, entertainment zones and more- walking steadily by your side.
    If you have a mind to heat up things within the erotic confines
    of a hotel room where your lady drops in to meet and rustle
    up fun- you can delve deep into the depths of
    erotica and play like a true rockstar! She can offer you loads of entertainment
    via strip shows, lap dance, role-playing, fulfilling fetishes, making your nights
    colored with the brightest passion strokes.

    Our seamless booking process at Elite Diamond Nottingham Escorts



    It is the amazing variety of our damsels which makes you glued to our
    gallery that breathes genuineness. You can check the profiles,
    descriptions and details of the Nottingham escorts and if you need any kind of assistance to contact your girl, then you do not need to worry at all,
    just get talking to one of our friendly receptionists and you can select your
    dream diva with ease. Ask any question that might be hovering on your mind and among the beautiful elite escorts in Nottingham with care!

    Pour in your details and all your information will
    be on safe hands.

    We offer affordable, professional and discreet services



    As an elite Nottingham escort agency of repute, we know how to bring in the true smile in your face!
    Whether you spend quality time with a diva just for an hour, spent some gala hours in the evening
    or plan for an overnight session of fun, we keep fun sessions affordable for you.
    Grab the best deals and we keep your private
    sessions strictly confidential. It is time that
    you trash all worries and get into the self-indulgent mode to bask
    in the pool of pleasure. We are true professionals and you get only premium services from us that will not dig a big hole in your
    pocket. Get into the passionate game with no emotions involved at
    rates that is truly amazing! Set the fun dice rolling!

  • Xxx Porn videos
    Xxx Porn videos Jueves, 25 Agosto 2016 14:24 Comment Link

    I am genuinely grateful to the holder of this web site who has shared
    this enormous article at at this time.

  • Mincraft
    Mincraft Jueves, 25 Agosto 2016 14:23 Comment Link

    This site was... how do you say it? Relevant!! Finally I've
    found something that helped me. Thanks!

  • Hardcore Survival
    Hardcore Survival Jueves, 25 Agosto 2016 14:17 Comment Link

    I believe this site holds some real fantastic info for everyone :D.

  • respawnables hack, respawnables hack apk, respawnables hack tool, respawnables hack 2016, respawnables hacks, respawnables hack no survey, respawnables hack tool no survey, respawnables hack no password, respawnables hack no password no survey, respawnabl
  • luxury limo service
    luxury limo service Jueves, 25 Agosto 2016 14:12 Comment Link

    This post is invaluable. When can I find out more?

  • Website Marketing: Learning To Make The Net Be Right For You

    This is really interesting, You're a very skilled blogger.
    I have joined your feed and look forward to seeking more of your fantastic post.
    Also, I have shared your web site in my social networks!

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

back to top
Info for bonus Review bet365 here.

INICIO

CIVIL

PENAL

EMPRESARIAL

ADMINISTRATIVO

CONSTITUCIONAL