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JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL ACERCA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN GENERAL

 

JURISPRUDENCIA  CONSTITUCIONAL ACERCA  DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO  EN GENERAL

Tabla de contenido

I.     Acto administrativo. 1

Acto administrativo extemporáneo: afectación del debido proceso. 1

II.   Procedimiento administrativo. 1

Procedimiento: principio de legalidad. 1

Procedimiento administrativo: violación del debido proceso. 1

Apertura de proceso administrativo: plazo. 1

Procedimiento administrativo: días “hábiles administrativos”. 1

Consecuencia de un procedimiento administrativo irregular. 1

Acto sustentado en la ley: falta de arbitrariedad. 1

Procedimiento de ejecución coactiva: formalidades para su inicio. 1

   Procedimiento de ejecución coactiva: suspensión. 1

   Notificación de actos administrativos en procedimiento. 1

   Procedimiento administrativo: pronunciamientos distintos frente a un recurso. 1

   Revisión judicial del procedimiento coactivo: fundamento. 1

   Inaplicabilidad de resolución administrativa. 1

   Órgano competente para declarar la nulidad de resoluciones. 1

III.  Silencio administrativo. 1

   Falta  de  respuesta  de  la  Administración  y  alternativas   del administrado. 1

   Procedimiento en trámite: silencio administrativo positivo. 1

   Procedimiento administrativo: silencio positivo en el otorgamiento de licencias de funcionamiento   1

   Silencio administrativo como beneficio para viabilizar el ejercicio de un derecho. 1

   Silencio administrativo positivo: no se aplica en apelación por cobro indebido del impuesto. 1

IV.  Recursos administrativos. 1

   Recurso de apelación ante el silencio administrativo. 1

   Recurso extraordinario: órgano competente. 1

   Requisitos de los medios impugnatorios. 1

V.    Facultad sancionadora de la Administración. 1

   Poder disciplinario: sanciones de gravedad y debido proceso. 1

   La diferencia entre el principio de legalidad y el principio de tipi- cidad en caso de sanción. 1

   Procedimiento administrativo sancionador: finalidad. 1

   Sanción disciplinaria: afectación de validez. 1

   Procedimiento deportivo sancionador: presupuestos. 1

 

 

I.     Acto administrativo

   Notificación de acto administrativo firme

La demandada en el presente proceso debe dar cumplimiento a la reso- lución que fue debidamente aclarada por una cédula de notificación, ya que constituye un acto administrativo firme obligado a cumplir (Exp. Nº 00735-1999-AC/TC, 25/07/2001).

   Tutela frente a la inacción de la Administración y no frente a jui- cios establecidos en los actos administrativos

La acción de cumplimiento solo observa la inacción de la Administra- ción y no los juicios esgrimidos en los actos administrativos que emite, que son de su exclusiva competencia quedando la impugnación de sus pronun- ciamientos a la interposición de los recursos respectivos que la ley establece (Exp. Nº 00834-2000-AC/TC, 09/09/2001).

   Acto administrativo nulo

Que, el artículo 28 del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM que reglamen- ta el Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa establece que el ingreso a la Administración Pública se efectúa obligatoria- mente mediante concurso, siendo nulo todo acto administrativo que contra- viniese [esta] disposición (Exp. Nº 00152-1995-AA/TC, 19/06/1997).

   Requisitos de la nulidad de acto administrativo

La administración pública está facultada para declarar la nulidad de sus actos siempre que se verifiquen los siguientes requisitos: a) que la nulidad se declare dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que el acto ad- ministrativo quedó consentido, b) que la declaratoria de nulidad la efectúe el superior jerárquico, y c) que el acto administrativo materia de anulación contenga vicios que ameriten la medida. Por lo mismo, no procede la acción de amparo contra resoluciones expedidas en ejercicio de esta facultad (Exp. Nº 00791-1997-AA/TC, 24/04/1998).

 

   Acto administrativo viciado: no procede en un amparo al ser un supuesto de ilegalidad

 

La existencia de un acto administrativo viciado de incompetencia no es competencia, ratione materiae, de un proceso como el amparo, destinado a la protección de los derechos fundamentales, en la medida en que tal incom- petencia es un simple supuesto de ilegalidad del acto administrativo y, como tal, resoluble en el seno del contencioso-administrativo (Exp. Nº 03485-

2006-PA/TC, 19/04/2007).

 

 Acto administrativo extemporáneo: afectación del debido proceso

Los actos administrativos dispuestos por los emplazados en contra de los actores y que se sustentan en las resoluciones presidenciales regionales ma- teria del amparo, resultaron extemporáneos, con la consecuente afectación del derecho al debido proceso previsto en el artículo 139 inciso 3 de la Cons- titución Política del Estado (...) (Exp. Nº 00802-1996-AA/TC, 23/09/1997).

 

 

II.   Procedimiento administrativo

 

 

   Principio del debido proceso

 

[La] afectación al derecho al debido proceso no solo se practica cuando se afectan algunas de sus garantías formales, sino incluso cuando la actua- ción administrativa no observa un mínimo de justicia, que no es la justicia del cadí [juez civil], sino un criterio perfectamente objetivable a través de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, en el presente caso, al  margen de que el procedimiento disciplinario se haya realizado con respeto al debido proceso formal, lo que se cuestiona es que la sanción aplicada no es razonablemente adecuada, pues el pase a la situación de disponibilidad se decidió por el hecho de que  tuvo relaciones sexuales con un miembro de la misma Policía del Perú, acto que desacredita a la institución, argumento que según el tribunal constitucional, atenta contra la libertad sexual de la ac- cionante ya que las relaciones sexuales fueron realizadas por la voluntad de ambos (Exp. Nº 00875-2000-AA/TC, 21/12/2000).

 

Procedimiento: principio de legalidad

 

Que, el principio de legalidad es el que rige las reglas de procedimien- to, es decir, expresamente debe estar previsto en la ley el hecho considerado como causal de nulidad (Exp. Nº 00235-1997-AA/TC, 15/10/1997).

 

Procedimiento administrativo: violación del debido proceso

 

Que  (...)  obra  en  el  expediente  copia  de  la  Resolución  de Alcaldía Nº 1876-94-A/CPP (...) en la que se resuelve instaurar proceso admi- nistrativo a la actora, fecha posterior a la destitución. Que, en consecuen- cia se ha vulnerado el derecho al debido proceso de la demandante (Exp. Nº 00413-1996-AA/TC, 01/12/1997).

 

Apertura de proceso administrativo: plazo

 

Que, (...) no se ha violado ningún derecho constitucional al demandante toda vez que la facultad de la Administración para aperturar proceso admi- nistrativo no ha prescrito, pues no ha transcurrido el plazo de un año contado a partir del momento en que la autoridad competente tomó conocimiento de la comisión de la falta, conforme lo señala el artículo 173 del D.S. Nº 005-90-PCM (Exp. Nº 00844-1996-AA/TC, 27/10/1997).

 

Procedimiento administrativo: días “hábiles administrativos”

 

El plazo prescrito para la presentación de un recurso administrativo em- pieza a computarse, como regla general, a partir del día siguiente hábil de ocurrida la notificación –o, de ser el caso, a partir de haberse saneado una notificación defectuosa,  en  los  supuestos  contemplados  en  el  artículo  27 de la Ley Nº 27444–, debiéndose entender que se trata de días “hábiles  administrativos”, es decir, aquellos días en que las dependencias de la Admi- nistración Pública prestan atención al público de manera efectiva, razón por la cual se excluyen los días sábados, domingos, feriados y los declarados no la- borables para el sector público de manera oficial por el Poder Ejecutivo. Ello significa que cuando los plazos se computan en días, se elimina del referido cálculo el día de la notificación, sea este hábil o inhábil, quedando facultados los administrados para interponer recursos impugnatorios desde el día hábil siguiente de ser notificados (Exp. Nº 03799-2006-PA/TC, 13/04/2007).

 Consecuencia de un procedimiento administrativo irregular

El solo hecho de convertir en irregular el procedimiento administrativo seguido contra el demandante, convierte la acción (de amparo) interpuesta en legítima y por ende amparable, quedando en todo caso por analizar, así como (...) afirma (...) el quejoso, [si] el Ministerio de Justicia es la entidad competente para instaurarle proceso administrativo y eventualmente sancio- narlo (Exp. Nº 00050-1995-AA/TC, 13/06/1997).

 

Acto sustentado en la ley: falta de arbitrariedad

 

Advirtiéndose que la entidad demandada dio inicio al procedimiento es- tablecido por ley y sustentada la decisión en la normativa legal vigente, des- carta la supuesta arbitrariedad alegada (...) [E]n el supuesto caso de que un empleador no cumpliese con rigurosidad el procedimiento establecido por la ley (...) será el propio interesado quien haga valer su derecho que le corres- ponda a través de los recursos que le franquea la ley, dentro del procedimien- to administrativo correspondiente (Exp. Nº 00638-2000-AA/TC, 08/02/2001).

 

Procedimiento de ejecución coactiva: formalidades para su inicio

 

Se vulnera el debido proceso si no se notifica al actor de manera perso- nal con la resolución de inicio de procedimiento de ejecución coactiva, pues se incumple con las formalidades establecidas en la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva (Exp. Nº 02183-2003-AA/TC, 15/09/2003).

 

 

   Procedimiento de ejecución coactiva: suspensión

 

(...) Resulta inaceptable sostener que (…) “ninguna autoridad ni órga- no  administrativo,  político  ni  judicial  podrá  suspender  el  procedimiento  coactivo, con excepción de la entidad encargada de la acotación” dicha tesis resulta irrebatible (...) ya que cualquier tipo de norma es pasible de ser eva- luada constitucionalmente por vía del control difuso cuando su vigencia co- loca en entredicho algún derecho fundamental conforme lo dispone el artícu- lo 3 de la Ley Nº 23506 (derogada) y porque la ausencia de cuestionamiento (...) no convierte en constitucional lo que por su propia naturaleza y conteni- do no lo es (Exp. Nº 00461-1996-AA/TC, 01/09/1997).

 

 

   Procedimiento de ejecución coactiva: notificación de la resolución

 

Si una resolución de segunda instancia no contiene pronunciamiento sobre el fondo, pero declara insubsistente el petitorio de nulidad e impro- cedente el recurso de apelación, sí adquiere la calidad de cosa juzgada. En tal sentido, resulta completamente irregular y por ende, contrario al debido proceso, si la propia sala que emitió la resolución anula la misma, bajo el pretexto de una simple anomalía procesal que pretende subsanar en forma extemporánea (Exp. Nº 00504-2001-AA/TC, 10/10/2002).

 

 

   Notificación de actos administrativos en procedimiento

 

Cabe precisar que resulta necesario diferenciar dos cuestiones concer- nientes a la notificación de los actos administrativos en este procedimiento, cuales son: a) el lugar donde debe realizarse la notificación; y, b) la forma en que dicha notificación debe efectuarse. Sin duda, esta salvedad reviste de especial relevancia, por cuanto de una debida notificación –entendida como aquella ajustada a lo dispuesto en las normas aplicables al caso–, el adminis- trado podrá ver garantizado su derecho al debido procedimiento administra- tivo, especialmente en lo que respecta al derecho de defensa, pudiendo, de este modo, tomar conocimiento de los actos administrativos en su contra e impugnarlos de manera oportuna (Exp. Nº 02095-2005-PA/TC, 19/05/2005).

 

 

   Procedimiento de cobranza coactiva: medios impugnatorios

 

En el procedimiento de cobranza coactiva no existen medios impugnato- rios que el recurrente pueda hacer valer ya que la solicitud de suspensión del procedimiento de ejecución coactiva, la revisión judicial y la presentación del recurso de queja resultan ser mecanismos legales para supuestos especí- ficos (Exp. Nº 09795-2005-PA/TC, 21/03/2007).

 

   Procedimiento administrativo: pluralidad de instancias

 

Que, (...) habiéndose seguido el procedimiento administrativo en instan- cia única, se configura la vulneración de los derechos constitucionales de la empresa demandante al debido proceso y pluralidad de instancias, con- sagrados en los incisos 3 y 6 del artículo 139 de la vigente Carta Política del Estado, por lo que resulta fundada la presente acción de garantía (Exp. Nº 00164-1996-AA/TC, 13/11/1997).

 

 

   Procedimiento administrativo: pronunciamientos distintos frente a un recurso

 

(...) que, (...) del análisis de autos se comprueba que el recurso de recon- sideración presentado por el demandado contra la resolución que ordenó su destitución fue examinado dos veces expidiéndose en ambos casos pronun- ciamiento distintos, con la consecuente afectación al derecho que prescribe el artículo 24, inciso 10), de la Ley de Hábeas Corpus y Amparo (derogada); (...) (Exp. Nº 01006-1996-AA/TC, 13/06/1997).

 

 

   Revisión judicial del procedimiento coactivo: fundamento

 

La posibilidad de la revisión judicial del procedimiento coactivo prac- ticado en el ámbito municipal no se contrapone a las facultades normativas y fiscalizadoras que la Constitución reconoce en el artículo 194 al Concejo Municipal, pues se trata de ámbitos distintos; por un lado, el ámbito político- administrativo, y, por otro, el relativo al control jurisdiccional de los actos de la administración (Exp. Nº 00026-2004-AI/TC, 28/09/2004).

 

 

   Circunstancias  excepcionales  que  permiten   pronunciamiento sobre el fondo en un procedimiento administrativo que fue declarado infundado

 

Así, cuando se compruebe la agresión del derecho fundamental invoca- do en lo concerniente a su ámbito constitucionalmente protegido, cuando se revisen demandas manifiestamente infundadas, y cuando se evalúen casos en los que, a pesar de haberse tutelado el derecho, se haya desestimado el pedido de reparación o restablecimiento del agraviado en el pleno goce de sus  derechos  constitucionales,  corresponderá  emitir  un  pronunciamien- to de fondo. Asimismo, en atención a las circunstancias excepcionales que  permiten conocer una pretensión que no corresponde al contenido constitu- cionalmente protegido del derecho fundamental (Exp. Nº 07528-2006-PA/ TC, 14/11/2007).

 

   Inaplicabilidad de resolución administrativa

 

Cuando una resolución administrativa que concede un derecho ha sido declarada nula por otra resolución –también administrativa– que no ha sido impugnada por el demandante, la acción de cumplimiento ya no es la vía pertinente para que este último logre el restablecimiento de aquel derecho, pues mediante ella no se puede conseguir la inaplicabilidad de un acto ad- ministrativo y porque –además– dicha acción requiere que la pretensión sea actual y que esté debidamente acreditada (Exp. Nº 00858-1998-AC/TC,

20/01/1999).

 

 

   Inejecución de resolución administrativa

 

La inejecución de resolución administrativa vigente supone eludir la responsabilidad que corresponde a la demandada en el cumplimiento de sus obligaciones (...) lo cual afectaría la seguridad jurídica y la credibilidad (...) el inejecutante se convertiría en un agente con privilegios arbitrarios (...) el cumplimiento y ejecución de la resolución no puede quedar librado a la vo- luntad del agente obligado a cumplir (...) el argumento de no contar con la disponibilidad presupuestaria no resulta atendible (...) (Exp. Nº 00089-1999- AC/TC, 28/09/1999).

 

 

   Plazo para declarar la nulidad de las resoluciones administrativas

 

Que, el artículo 110 del Decreto Supremo Nº 02-94-JUS (derogado), se- ñala que “la facultad de la Administración Pública para declarar la nulidad de las resoluciones administrativas prescribe a los seis meses a partir de la fecha en que haya quedado consentida”, por tanto la municipalidad ha emi- tido la resolución que varía el monto original de la compensación del actor después de los seis meses a que se refiere el artículo 110 ya enunciado (...) (encontrándose) acreditada la violación constitucional al pago prioritario de los beneficios sociales del trabajador según lo señala el segundo párrafo del artículo 24 de la Constitución (Exp. Nº 00535-1997-AA/TC, 27/10/1997).

 

   Órgano competente para declarar la nulidad de resoluciones

 

Que, [está] prohibido por ley [que] la misma autoridad anule su propia resolución y, además (...) solo puede ser susceptible de nulidad vía recurso de apelación o por nulidad de oficio específicamente declarada por el fun- cionario jerárquicamente superior acorde con [los] artículo[s] 44 y 109 del Decreto Supremo Nº 002-94-JUS (derogado) (Exp. Nº 00500-1996-AA/TC,

 

III.  Silencio administrativo

 

 

   Falta  de  respuesta  de  la  Administración  y  alternativas   del administrado

 

Ante la falta de respuesta de la administración existen dos opciones que quedan libradas al interés del administrado, estas son: considerar denegado el recurso interpuesto o esperar el pronunciamiento expreso de la autoridad administrativa. En tal sentido, no se evidencia la existencia de norma legal o acto administrativo alguno que deba ser ejecutado vía acción de cumpli- miento (Exp. Nº 01224-2003-AC/TC, 20/01/2004).

 

 

   Procedimiento en trámite: silencio administrativo positivo

 

Si bien la primera disposición transitoria y final de la Ley Nº 27261, Ley de Aeronáutica Civil, establece que: “todos los procedimientos administrati- vos en trámite se adecuan a la presente ley, a partir de la fecha de su entrada en vigencia”, la solicitud de la recurrente no puede considerarse como procedimien- to en trámite, ya que se ha producido el silencio administrativo positivo a su beneficio, por lo cual la nueva ley no puede alcanzar ni afectar los derechos adquiridos antes de su vigencia (Exp. Nº 02966-2002-AC/TC, 04/04/2003).

 

   Procedimiento administrativo: silencio positivo en el otorgamiento de licencias de funcionamiento

 

Si bien la emplazada tiene la obligación de dar respuesta a cualquier re- querimiento o solicitud que los administrados formulen, su omisión no puede considerarse como una aceptación tácita, tanto más cuando no está prevista la aplicación del silencio positivo a supuestos como el de autos. En ese sen- tido, las sanciones impuestas por la carencia de la autorización o licencia de funcionamiento, o las que pudieran imponerse por tal motivo, se encuentran arregladas a derecho –pues son conformes con la Constitución y la Ley Or- gánica de Municipalidades– siempre que su aplicación no sea abusiva o arbi- traria (Exp. Nº 04478-2006-PA/TC, 29/03/2007).

 

 

   Silencio administrativo como beneficio para viabilizar el ejercicio de un derecho

 

Que, la aplicación del plazo de caducidad de los sesenta días (...), no puede suspenderse indefinidamente, ya sea por falta de la oportuna expedi- ción de la resolución administrativa correspondiente dentro del plazo de ley o ya sea por la omisión, a su vez, del titular del derecho de acogerse a la oportunidad que le confiere el sistema legal vigente al beneficio procesal del silencio administrativo y así viabilizar el ejercicio regular de su derecho de acción (...) (Exp. Nº 00633-1997-AC/TC, 22/01/1998).

 

 

   Silencio administrativo positivo: no se aplica en apelación por cobro indebido del impuesto

 

El Reglamento de la Ley de Simplificación Administrativa, Decreto Su- premo Nº 070-89-PCM, ha reservado la aplicación del silencio administra- tivo positivo para los casos de procedimientos administrativos conducentes al otorgamiento de licencias, autorizaciones, permisos, concesiones y simi- lares, lo que no se da en el presente caso, referido al recurso de apelación interpuesto contra una resolución directoral relacionada con la reclamación por supuesto cobro indebido del impuesto de máquinas tragamonedas (Exp. Nº 00657-1999-AC/TC, 03/04/2000).

 

IV.  Recursos administrativos

 

 

   Recurso de apelación ante el silencio administrativo

 

De conformidad con lo dispuesto por el Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimientos Administrativos, transcurrido el plazo de 30 días que tiene la administración para expedir resolución, el interesado podrá conside- rar denegada la petición. En el presente caso, habiéndose producido silencio administrativo negativo, la demandante debió interponer el recurso de apela- ción que prevé el artículo 99 del mismo dispositivo legal, a efectos de agotar la vía administrativa, por lo que no se ha cumplido con la exigencia del ar- tículo 27 de la Ley Nº 23506, Ley de Hábeas Corpus y Amparo (derogada) (Exp. Nº 01012-1996-AA/TC, 04/05/1999).

 

 

   Recurso extraordinario: órgano competente

 

Que, el artículo 41 de la Ley Nº 26435, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (derogada), establece que este colegiado conoce el recur- so extraordinario que se interponga en última y definitiva instancia contra las resoluciones de la Corte Suprema o de la instancia que la ley establez- ca, denegatorias de las acciones de Hábeas Corpus, Amparo, Hábeas Data y Acción de Cumplimiento, pudiendo interponer el referido recurso el de- mandante, Ministerio Público o el Defensor del Pueblo (…) (Exp. Nº 00283-

1996-AA/TC, 01/09/1997).

 

   Requisitos de los medios impugnatorios

 

Que, el agotamiento de la vía administrativa no está constituida por la presentación indiscriminada de los recursos impugnatorios previstos por ley, sino que dichos recursos deben cumplir con los requisitos de fondo, forma y lo que es más importante, deben cumplir con el principio de oportunidad en el tiempo para la interposición de cada uno de ellos, conforme a los artículos 98, 99 y 100 del Decreto Supremo Nº 002-94-JUS (derogado), Ley de Nor- mas Generales de Procedimientos Administrativos (Exp. Nº 00257-1997-AA/ TC, 27/10/1997).

 

V.    Facultad sancionadora de la Administración

 

 

   Poder disciplinario: sanciones de gravedad y debido proceso

 

Que, el poder disciplinario es el medio con que cuenta la Administración para obligar a sus agentes al cumplimiento de los deberes específicos del ser- vicio; sin embargo, debe entenderse que las sanciones de mayor gravedad (...) deberán ser aplicadas sobre la base del respeto a los principios del de- bido proceso administrativo cuestionado en autos (...) (Exp. Nº 00256-1997- AA/TC, 29/10/1997).

 

 

   La diferencia entre el principio de legalidad y el principio de tipi- cidad en caso de sanción

 

No debe identificarse el principio de legalidad con el principio de tipici- dad. El primero, garantizado por el artículo 2.24d de la Constitución, se sa- tisface cuando se cumple con la previsión de las infracciones y sanciones en la ley. El segundo, en cambio, define la conducta que la ley considera como falta. Tal precisión de lo considerado como antijurídico desde un punto de vista administrativo, por tanto, no está sujeto a una reserva de ley absoluta, sino que puede ser complementado a través de los reglamentos respectivos (Exp. Nº 01182-2005-PA/TC, 26/03/2007).

 

 

   Procedimiento administrativo sancionador: finalidad

 

A diferencia del proceso penal, cuyo objeto es la sanción de delitos, el procedimiento administrativo sancionador tiene por finalidad la sanción de faltas administrativas; por tanto, es posible que una misma conducta no constituya un delito pero sí una sanción administrativa, en cuyo caso la in- tervención de la Administración se encuentra plenamente justificada (Exp. Nº 05951-2005-PA/TC, 09/12/2005).

 

 

   Procedimiento  disciplinario:  conforme  a  las  normas   constitucionales

 

El procedimiento disciplinario al que fue sometido el demandante ante el Consejo de Disciplina de la Escuela Naval se ajustó a lo establecido en el inciso c del artículo 416 del Reglamento Interno de la Escuela Naval RIEN-

13017, el que se sustenta en el artículo 168 de la Constitución Política del Perú, que establece que las leyes y los reglamentos respectivos, entre otros, norman la disciplina de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú; consecuentemente, la demandada no ha vulnerado los derechos constituciona- les invocados por el demandante (Exp. Nº 01036-2006-AA/TC, 14/03/2006).

 

   Aplicación de sanciones graves

 

Que, el poder disciplinario es el medio con que cuenta la Administra- ción para obligar a sus agentes el cumplimiento de los deberes específicos del servicio; sin embargo, debe entenderse que (...) las sanciones de mayor gravedad sean aplicadas sobre la base del respeto a los principios del debido proceso (Exp. Nº 00292-1997-AA/TC, 22/08/1997).

 

 

   Sanción disciplinaria: afectación de validez

 

La autoridad administrativa está vinculada por los hechos declarados como probados en sede judicial. Sin embargo, ello no implica que en todos los casos en los que el resultado del proceso penal por los mismos hechos que motivan la sanción disciplinaria sea favorable al procesado tenga que afectar la validez de la sanción impuesta, ello no solo porque el orden penal y administrativo-sancionador están destinados a proteger distintos bienes ju- rídicos, y en tal sentido, las conductas que no tienen la entidad suficiente para ser consideradas delito podrían ser consideradas faltas administrativas, sino porque dicha vinculación es atinente a los hechos probados. Es decir, que en caso una autoridad jurisdiccional determine la existencia o inexisten- cia de los hechos que son materia de proceso administrativo sancionador o disciplinario, el sentido de dicha decisión sobre los hechos vinculará a la ad- ministración (Exp. Nº 00620-2004-AA/TC, 25/11/2004).

 

 

   Sanción administrativa: de acuerdo con la naturaleza de la infrac- ción y con los antecedentes del servidor

 

En el caso, la emplazada debió observar que el Decreto Legislativo Nº 276, en su artículo 27, estipula que “(...) los grados de sanción corres- ponden a la magnitud de las faltas, según su menor o mayor gravedad, (...) debiendo contemplarse, en cada caso, no solo la naturaleza de la infrac- ción, sino también los antecedentes del servidor (...)”. Esto implica un claro mandato a la administración municipal para que, en el momento de esta- blecer una sanción administrativa, no se limite a realizar un razonamiento  mecánico de aplicación de normas, sino que, además, efectúe una aprecia- ción razonable de los hechos en relación con quien los hubiese cometido; como por ejemplo: los antecedentes del servidor, lo cual no ha ocurrido. En ese sentido, resulta cuestionable que en un proceso administrativo que tenga como consecuencia la sanción máxima de destitución se omita la valoración de toda prueba o elemento que coadyuve a la determinación certera de la responsabilidad del demandante, cuando esta representa la única garantía de justicia y proporcionalidad entre la supuesta falta cometida y la sanción a imponerse. Por consiguiente este Tribunal declara fundada la demanda (Exp. Nº 01363-2005-PA/TC, 13/03/2006).

 

 

   Procedimiento administrativo disciplinario: resultado favorable en vía judicial no es vinculante

 

Si lo resuelto en la vía judicial favorece a una persona sometida, a su vez, a un procedimiento administrativo disciplinario, el resultado de este no se encuentra necesariamente vinculado al primero, ya que el procedimiento administrativo tiene por objeto investigar y, de ser el caso, sancionar una in- conducta funcional, mientras que el proceso en la vía judicial conlleva una sanción punitiva. Por esta razón, la imposición de una medida disciplinaria para el demandante en este caso no afecta su derecho a la presunción de ino- cencia, por cuanto tiene como fundamento aquellos mismos hechos que mo- tivaron la apertura de la instrucción por delito penal (Exp. Nº 07941-2006- AA/TC, 05/11/2007).

 

 

   Procedimiento deportivo sancionador: presupuestos

 

Este tribunal considera que en el presente caso, el demandante incurrió en actitudes antideportivas con relación al equipo de su competidor y que, en esta medida, la federación se encontraba legitimada para iniciarle un proce- dimiento sancionatorio y eventualmente –si el caso lo ameritaba– imponerle una sanción. No obstante lo anterior, para ser válida la sanción impuesta se requiere, por un lado, que esta sea razonable y guarde proporcionalidad con relación a los hechos que la motivaron; y, por otro lado, que se respete un conjunto de garantías mínimas del procesado, tales como el derecho a cono- cer de las imputaciones y las pruebas en su contra, el derecho a defenderse, a probar, y a ser debidamente informado de sus derechos al interior del proce- dimiento a efectos de permitirle ejercerlos, entre otros (Exp. Nº 09425-2006- PA/TC, 09/01/2007).

 

 

 

 

 

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