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FACULTAD DE AUTORIDAD ADMINISTRATIVA PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA DE INFRACCIONES PRESCRIBE EN EL PLAZO QUE ESTABLEZCAN LAS LEYES ESPECIALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO 49-2012-TC-S1

 

RES Nº 049-2012-TC-S1

 

Lima, 17 de enero de 2012

 

Visto en sesión del 17 de enero de 2012, de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, el Expediente Nº 807-2011-TC, sobre el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el señor RAÚL ALEJANDRO COMBE RIVERO, por su presunta responsabilidad al haber suscrito el Contrato Nº 0014-2007-PRODUCE-S teniendo impedimento, así como por supuesta presentación de documentación falsa o información inexacta en la Adjudicación de Menor Cuantía Nº 039-2007-PRODUCE-S para la “Contratación de un profesional especialista en Derecho Penal y todo tipo de procedimientos legales a los que se refiere la Resolución Ministerial Nº 075-2007-PRODUCE, que otorga el beneficio de defensa judicial al Ing. Jorge Eduardo Vertiz Calderón y al Ing. Klebert Romeo Sotomayor Espinoza”; y atendiendo a los siguientes:

 

ANTECEDENTES

 

1. El 7 de junio de 2007, el Ministerio de la Producción, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación de Menor Cuantía Nº 039-2007-PRODUCE-S para la “Contratación de un profesional especialista en Derecho Penal y todo tipo de procedimientos legales a los que se refiere la Resolución Ministerial

N° 075-2007-PRODUCE, que otorga el beneficio de defensa judicial al Ing. Jorge Eduardo Vertiz Calderón y al Ing. Klebert Romeo Sotomayor Espinoza”, por un valor referencial ascendente a S/. 12 000.00 (Doce mil 00/100 nuevos soles).

 

2. El 8 de junio de 2007, se otorgó la buena pro al señor RAÚL ALEJANDRO COMBE RIVERO, en adelante el Contratista.

 

3. El 11 de junio de 2007, se suscribió el Contrato Nº 0014-2007-PRODUCE-S entre la Entidad y el Contratista.

 

4. Mediante formulario de denuncia de fecha 14 de junio de 2011, subsanado el 15 de junio de 2011 con Oficio Nº 300-2011-PRODUCE-OGA-OL, la Entidad comunicó con Informe Nº 533-2011-PRODUCE-OL lo que se detalla a continuación:

 

i) El señor RAUL ALEJANDRO COMBE RIVERO según su propuesta técnica presentó declaración jurada que indica no tener parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con funcionarios de dirección y/o de confianza de la Entidad que tengan facultad de nombramiento y contratación de personal.

 

ii) En virtud de la declaración y conforme a lo establecido en la Cláusula Séptima del Contrato Nº 0014-2007-PRODUCE-S, se habría evidenciado que presuntamente el Contratista tenia pleno conocimiento de las prohibiciones legales establecidas en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento; sin embargo, participó en el mencionado proceso de selección para la defensa legal del Ing. Jorge Eduardo Vértiz Calderón –cuñado– pariente en segundo grado de afinidad.

 

iii) Conforme lo establece la normativa en contrataciones, en concordancia con la recomendación formulada por el Órgano de Control Institucional mediante Memorando

Nº 174-2011-PRODUCE-OCI de fecha 27 de abril de 2011, la conducta del Contratista en el proceso de selección habría incurrido supuestamente en falta a la verdad de la declaración jurada suscrita con la Entidad (sic).

 

5. Previo al inicio formal del procedimiento administrativo sancionador, por decreto del 20 de junio de 2011, la Secretaría del Tribunal requirió a la Entidad que cumpla con presentar, entre otros, los documentos que sustenten el impedimento del señor RAÚL ALEJANDRO COMBE RIVERO. Asimismo, se le solicitó remitir el Informe Técnico Complementario sobre la procedencia de causal de sanción en que habría incurrido el señor en mención, al haber presentado documentación falsa o información inexacta como parte de su propuesta técnica.

 

6. Con Oficio Nº 431-2011-PRODUCE-OGA, el 5 de setiembre de 2011, la Entidad cumplió con remitir la información solicitada. Asimismo, remitió un informe complementario señalando que el Contratista habría proporcionado información inexacta en su condición de postor del proceso de selección, materia de análisis.

 

7. El 8 de setiembre de 2011, el Tribunal inició procedimiento administrativo sancionador al señor RAÚL ALEJANDRO COMBE RIVERO y se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para la respectiva presentación de sus descargos.

 

8. Mediante escrito del 5 de diciembre de 2011, el señor RAÚL ALEJANDRO COMBE RIVERO se apersonó al procedimiento y formuló sus descargos en los términos siguientes:

 

i) Las supuestas infracciones materia de imputación de este procedimiento administrativo han prescrito, atendiendo que desde la fecha que supuestamente se habrían producido dichas infracciones, esto es en el mes de junio del año 2007, debido a que el proceso de selección data del 8 de junio de 2007 y el Contrato

Nº 0014-2007-PRODUCE-S de fecha 11 de junio de 2007 a la fecha que se ha iniciado el procedimiento administrativo sancionador, el 8 de setiembre de 2011, han transcurrido cuatro (4) años y tres (3) meses.

 

ii) Sin perjuicio de la prescripción, respecto a las imputaciones efectuadas debe indicarse que el Ing. Jorge Vértiz Calderón, cuñado del suscrito, Director Nacional de extracción y Procesamiento Pesquero del Ministerio, quien se desempeñaba en dicho cargo en el 2007, no ostentaba dentro de sus facultades de nombramiento y contratación de personal en el Ministerio de la Producción, convocatoria y celebración de licitaciones públicas, concursos públicos, adjudicaciones de menor cuantía y demás actos enmarcados dentro de la ley vigente de contrataciones en el año 2007, por lo que no se evidenció impedimento en la contratación.

 

9. Con decreto de 9 de diciembre de 2011, se tuvo por apersonado al procedimiento al Contratista, por presentados sus descargos, por señalado su domicilio procesal, y se remitió el expediente a la Primera Sala del Tribunal para que resuelva.

 

FUNDAMENTACIÓN

 

1. En atención a la oportunidad en que se suscitaron los hechos materia de análisis, el estudio del presente caso debe ser efectuado a la luz del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, aprobados mediante Decretos Supremos Nº 083-2004-PCM y Nº 084-2004-PCM, respectivamente, en lo sucesivo la Ley y el Reglamento.

 

2. Conforme se aprecia de los Antecedentes, el presente procedimiento administrativo sancionador fue iniciado en contra del señor RAÚL ALEJANDRO COMBE RIVERO, por supuesta responsabilidad al haber suscrito el Contrato Nº 0014-2007-PRODUCE-S teniendo impedimento, así como por supuesta presentación de documentación falsa o información inexacta, infracciones que se encuentran tipificadas en los numerales 4) y 9) del artículo 294 del Reglamento, respectivamente.

 

3. Antes de emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto, corresponde que este Colegiado se pronuncie sobre la invocación formulada por El Contratista, en su escrito de descargos, sobre el vencimiento del plazo prescriptorio de las causales de sanción imputadas en su contra.

 

4. Sobre el particular, el numeral 1) del artículo 233[de la Ley del Procedimiento Administrativo General prevé como regla general que la facultad de la autoridad administrativa para determinar la existencia de infracciones administrativas prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción respecto de las demás obligaciones que se deriven de los efectos de la comisión de la infracción1.

 

5. De esta manera, para la causal de las sanciones tipificadas en los numerales 4) y 9) del artículo 294 del Reglamento, el artículo 300 del mismo texto legal ha previsto un plazo de prescripción de tres años computados desde la comisión de la infracción2, el cual queda suspendido hasta por un periodo de tres meses por el inicio del procedimiento administrativo sancionador, periodo luego del cual a falta de pronunciamiento por parte del Tribunal el plazo prescriptorio reanuda su curso3.

 

6. Dentro de este contexto, se aprecia de la documentación obrante en el expediente que la oportunidad en la cual se habría generado la infracción respecto de contratar con el Estado estando impedido para ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 9 de la Ley, fue el 11 de junio de 2007, y, de presentar documentos falsos o inexactos habría sido el 8 de junio de 2007, fechas en la que se suscribió el Contrato Nº 0014-2007-PRODUCE-S y se presentó la propuesta técnica en el proceso de selección Adjudicación de Menor Cuantía Nº 039-2007-PRODUCE-S, respectivamente, por lo que es recién a partir de aquellas fechas en que corresponde iniciar el cómputo del plazo.

 

7. En esta línea de análisis, al efectuarse el cómputo del plazo de prescripción en el caso concreto, se observa que la facultad de este Tribunal para determinar la configuración de las supuestas infracciones han prescrito el 11 de junio de 2010 –la de contratar con el Estado estando impedido para ello– y, el 8 de junio de 2010 –de presentar documentos falsos o inexactos–4.

 

En el presente caso se observa que a la fecha en la cual la Secretaría del Tribunal emitió el decreto de inicio del procedimiento administrativo sancionador contra El Contratista, es decir, el 8 de setiembre de 2011, ya habían operado en exceso los plazos de prescripción ordinaria de 3 años, por lo que dicha situación deber ser declarada con la sola constatación de los plazos, en aplicación del numeral 233.3 del artículo 233 de la Ley del Procedimiento Administrativo General5, toda vez que la prescripción ha sido solicitada por parte del Contratista en la presentación de sus descargos.

 

8. Sin perjuicio de lo anterior, al haberse advertido que el vencimiento del plazo prescriptorio se produjo cuando el asunto aún se hallaba en poder de la Entidad y antes de haber sido puesto en conocimiento de este Tribunal, de acuerdo a lo establecido en el numeral 3) del artículo 233 de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, la autoridad competente debe disponer el inicio de las acciones de responsabilidad para dilucidar las causas de la inacción administrativa, debiendo remitirse la presente resolución a la Oficina de Control Institucional del Ministerio de la Producción para establecer las responsabilidades a las que hubiera lugar.

 

9. Por las consideraciones expuestas, se concluye que en el caso de autos se ha configurado la prescripción para las infracciones imputadas, por lo que deviene irrelevante el análisis sustancial que pudiera efectuar este Tribunal respecto de los hechos que dieron origen al presente expediente, debiendo disponerse su archivamiento.

 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Dra. Wina Isasi Berrospi y la intervención de los Vocales Dra. Ada Basulto Liewald y Dra. Patricia Seminario Zavala, atendiendo a la reconformación de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Nº 589-2011-OSCE-PRE de fecha 21 de setiembre de 2011; en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 63 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo Nº 1017, y su segunda disposición complementaria transitoria, así como los artículos 17 y 18 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2009-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

 

LA SALA RESUELVE:

 

1. Declarar no ha lugar la imposición de sanción administrativa contra el señor RAÚL ALEJANDRO COMBE RIVERO, por su responsabilidad de contratar con el Estado estando impedido para ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 9 de la Ley, así como por supuesta presentación de documentación falsa o inexacta, infracciones que se encuentran tipificadas en los numerales 4) y 9) del artículo 294 del Reglamento, debiendo archivarse el presente expediente.

 

1. Poner la presente Resolución en conocimiento del Órgano de Control Institucional de la Entidad para que, en mérito a sus atribuciones, adopte las medidas que estime pertinentes.

 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

 

PRESIDENTA

 

VOCAL VOCAL

 

SS: BASULTO LIEWALD, SEMINARIO ZAVALA y ISASI BERROSPI

 

 

NOTAS:

 

1 Artículo 233.- Prescripción

 

233.1. La facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas, prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción respecto de las demás obligaciones que se deriven de los efectos de la comisión de la infracción. En caso ello no hubiera sido determinado, dicha facultad de la autoridad prescribirá a los cuatro (4) años. (…)

2 Artículo 300.- Prescripción

 

Las infracciones establecidas en los artículos 294 y 295 para efectos de las sanciones a las que se refiere el presente título, prescriben a los tres (3) años de cometidas.

3 Artículo 301.- Suspensión del plazo de prescripción

 

El plazo de prescripción se suspende en los siguientes casos:

 

1) Por el inicio del procedimiento administrativo sancionador. En caso que el Tribunal no se pronuncie en el plazo de tres (3) meses, la prescripción reanuda su curso, adicionándose el periodo transcurrido con anterioridad a la suspensión.

 

(…)

4 Nótese que en el caso de autos no ha operado ninguno de los supuestos de suspensión de la prescripción previstos en el artículo 301 del Reglamento, razón por la cual no es factible aplicar la suspensión del plazo prescriptorio.

5 Artículo 233.- Prescripción

 

(…)

 

233.3 Los administrados plantean la prescripción por vía de defensa y la autoridad debe resolverla sin más trámite que la constatación de los plazos, debiendo en caso de estimarla fundada, disponer el inicio de las acciones de responsabilidad para dilucidar las causas de la inacción administrativa.

 

 

ANOTACIONES

 

[1] Artículo 233.- Prescripción

 

233.1 La facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas, prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción respecto de las demás obligaciones que se deriven de los efectos de la comisión de la infracción. En caso ello no hubiera sido determinado, dicha facultad de la autoridad prescribirá a los cuatro (4) años.

 

233.2 EI cómputo del plazo de prescripción de la facultad para determinar la existencia de infracciones comenzará a partir del día en que la infracción se hubiera cometido o desde que cesó, si fuera una acción continuada.

 

EI cómputo del plazo de prescripción solo se suspende con la iniciación del procedimiento sancionador a través de la notificación al administrado de los hechos constitutivos de infracción que les sean imputados a título de cargo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 235, inciso 3 de esta Ley. Dicho cómputo deberá reanudarse inmediatamente si el trámite del procedimiento sancionador se mantuviera paralizado por más de veinticinco (25) días hábiles, por causa no imputable al administrado.

 

233.3 Los administrados plantean la prescripción por vía de defensa y la autoridad debe resolverla sin más trámite que la constatación de los plazos, debiendo en caso de estimarla fundada, disponer el inicio de las acciones de responsabilidad para dilucidar las causas de la inacción administrativa.

 

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