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TRIBUNAL FISCAL EXONERACION DEL IMPUESTO PREDIAL PARA ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE

 

040

TRIBUNAL FISCAL

 

EXONERACION DEL IMPUESTO PREDIAL PARA ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE

"Para efecto de la exoneración del Impuesto Predial prevista en el Decreto Legislativo N° 780, se considera que la sociedad se ha constituido en la fecha de la escritura pública."

R.T.F. No. 0500-5-2001

 

EXPEDIENTE : 4382-98

INTERESADO: HOTELES CADENA REAL S.A.

ASUNTO : Impuesto Predial

PROCEDENCIA : Ica

FECHA : Lima, 21 de mayo de 2001

Vista la apelación interpuesta por HOTELES CADENA REAL S.A. contra la Resolución de Alcaldía N° 1070-98-AMPI del 20 de agosto de 1998, expedida por el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Ica, que declara improcedente la impugnación formulada y dispone proseguir con la cobranza de las Órdenes de Pago N°s. 055 y 056-97-MPI giradas por concepto de Impuesto Predial de 1996 y 1997;

 

CONSIDERANDO:

Que de la documentación que obra en el expediente se desprende que con fecha 24 de abril de 1996, la recurrente solicitó ante la Municipalidad Provincial de Ica, la exoneración del Impuesto Predial respecto del inmueble de su propiedad ubicado en la Avenida Los Maestros N° 422 y Calle los Pacaes s/n, Urbanización San José de la ciudad de Ica, aduciendo que el mismo tenía por finalidad brindar servicios de hospedaje;

Que dicha solicitud dio lugar a la expedición de la Resolución de Alcaldía N° 529-96-AMPI de 17 de setiembre de 1996, que declaró "improcedente e infundada" la solicitud presentada por la recurrente por considerar que debía tomarse como su fecha de constitución la del asiento de presentación a Registros Públicos para su inscripción, lo que recién se había efectuado el 13 de febrero de 1996;

Que contra dicha resolución la recurrente interpuso recurso de reclamación, el que fue resuelto por la Administración mediante la Resolución de Alcaldía N° 132-98-AMPI del 26 de febrero de 1998, que declaró procedente la impugnación presentada y, por lo tanto, reconoció que le era aplicable a la misma la exoneración solicitada;

Que posteriormente la Administración notificó a la recurrente las Órdenes de Pago N°s. 055 y 056-97-MPI-DR, por concepto de Impuesto Predial de los años 1996 y 1997, las que fueron devueltas por ésta invocando la Resolución de Alcaldía N° 132-98-AMPI, lo que dio lugar al procedimiento de impugnación que es materia del presente pronunciamiento;

Que en tal sentido, corresponde analizar si para efecto de la exoneración del Impuesto Predial prevista en el Decreto Legislativo N° 780, el término "constitución" está referido a la fecha de la escritura pública del acuerdo de formación de la sociedad o a su fecha de inscripción en Registros Públicos;

Que conforme con el literal b) del artículo 2° del Decreto Legislativo N° 780, vigente a partir del 1 de enero de 1994, las empresas de servicios de establecimientos de hospedaje que se constituyeran o establecieran hasta el 31 de diciembre de 1995, se encontraban exoneradas del Impuesto Predial por cinco (5) o dos (2) años, computados a partir de la fecha en que se constituyeran o establecieran, según se encontraran fuera o dentro de la provincia de Lima y Callao, respectivamente;

Que posteriormente, el Decreto Legislativo N° 820, publicado el 23 de abril de 1996, señaló que las empresas de servicios de establecimientos de hospedaje que iniciaran o ampliaran sus operaciones antes del 21 de diciembre de 1998, estarían exoneradas del Impuesto Predial, por cinco (5) o tres (3) años, según se tratara de empresas ubicadas fuera o dentro de la Provincia de Lima y Callao, respectivamente, contados a partir de la fecha del inicio de sus operaciones;

Que como se desprende del tenor de dichas normas, las exoneraciones al Impuesto Predial previstas en cada uno de ellas contienen distintos supuestos y plazos de vigencia, por lo que no cabe interpretar que el Decreto Legislativo N° 820 es una prórroga del beneficio otorgado por el Decreto Legislativo N° 780, ni aplicar extensivamente lo señalado por el Decreto Supremo N° 089-96-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 820, para efectos de determinar los alcances de la exoneración otorgada por el Decreto Legislativo N° 780, como pretende la Administración;

Que en consecuencia, procede determinar desde cuándo debe entenderse "constituida" una sociedad para efectos de la aplicación de la exoneración al Impuesto Predial otorgada por el Decreto Legislativo N° 780, lo que al no haber sido establecido por dicho decreto legislativo hace necesario recurrir a lo que sobre el particular establecían las normas especiales entonces vigentes que regulaban a las sociedades, en este caso a la Ley General de Sociedades cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por el Decreto Supremo N° 003-85-JUS;

Que de lo señalado en los artículos 1°, 3° y 385° de la ley mencionada, así como del resto de su articulado, se desprende que la fundación o formación de una sociedad es un proceso que se inicia con el otorgamiento de la escritura pública y culmina con la inscripción de la misma en los Registros Públicos, acto con el cual la sociedad adquiere el derecho a la personalidad jurídica, apreciándose adicionalmente que la norma analizada distinguía entre la "constitución" de la sociedad y la "inscripción" de la misma en el registro, siendo que con el primero de dichos términos se hacía alusión al momento del proceso de formación de la sociedad en el que los socios se reunían, aportaban bienes para pagar el capital, establecían las normas del pacto social y del estatuto y suscribían la minuta y la escritura pública que daría origen a la sociedad, mientras que con el segundo se hacía referencia al momento culminante del proceso, que era cuando la sociedad adquiría el derecho a la personalidad jurídica;

Que inclusive esta distinción se mantiene en la Ley General de Sociedades actualmente vigente, aprobada por la Ley N° 26887, tal como puede apreciarse de la lectura de sus artículos 5°, 6° y 423°, entre otros;

Que siendo así queda claro que la referencia al término "constitución" en el caso de una sociedad, no debe ser confundido con el momento en el cual la misma obtiene su inscripción en el registro, por lo que para efecto de la exoneración del Impuesto Predial prevista en el Decreto Legislativo N° 780 debe considerarse que la sociedad se ha constituido en la fecha de la escritura pública;

Que de acuerdo con este criterio la recurrente estaba comprendida dentro del supuesto de exoneración previsto en el Decreto Legislativo N° 780, al haberse constituido el 20 de diciembre de 1995, según la escritura pública que en copia obra en el expediente;

Que finalmente, cabe anotar que a través de la presente resolución se está varando la interpretación efectuada por este Tribunal en su Resolución N° 624-3-99 de 3 de setiembre de 1999, en el extremo que dispuso que para efectos de la exoneración prevista por el Decreto Legislativo N° 780, las sociedades se entendían constituidas cuando adquirían una personería jurídica distinta a la de sus socios, esto es cuando se cumplía con su inscripción en los Registros Públicos correspondientes;

De conformidad con el dictamen de la vocal Olano Silva, cuyos fundamentos se reproducen;

Con las vocales Chau Quispe, Olano Silva y Caller Ferreyros, a quien se llamó para completar la sala;

 

RESUELVE:

1.- REVOCAR la Resolución de Alcaldía N° 1070-98-AMPI del 20 de agosto de 1998, emitida por la Municipalidad Provincial de Ica, y dejar sin efecto las Órdenes de Pago N°s. 055 y 056-97-MPI-DR.

2.- DECLARAR que de acuerdo con el artículo 154° del Texto Unico Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo N° 135-99-EF, la presente resolución constituye precedente la observancia obligatoria disponiéndose su publicación en el diario oficial "El Peruano" en cuanto establece el siguiente criterio:

"Para efecto de la exoneración del Impuesto Predial prevista en el Decreto Legislativo N° 780, se considera que la sociedad se ha constituido en la fecha de la escritura pública".

 

Regístrese, comuníquese y remítase a la Municipalidad Provincial de Ica, para sus efectos.

CHAU QUISPE OLANO SILVA CALLER FERREYROS

Vocal Vocal Vocal

 

 

EXPEDIENTE : 4382-98

DICTAMEN : Vocal Olano Silva

INTERESADO : HOTELES CADENA REAL S.A.

ASUNTO : Impuesto Predial

PROCEDENCIA : ICA

FECHA : Lima, 21 de mayo de 2001

 

Señor:

 

HOTELES CADENA REAL S.A., interpone recurso de apelación contra la Resolución de Alcaldía N° 1070-98-AMPI del 20 de agosto de 1998, expedida por el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Ica que declara improcedente la impugnación formulada y dispone proseguir con la cobranza de las Órdenes de Pago N°s. 055 y 056-97-MPI giradas por concepto de Impuesto Predial de 1996 y 1997.

 

Argumentos de la Administración:

La resolución de alcaldía que en un primer momento reconoció el derecho de la recurrente a la exoneración del Impuesto Predial otorgado por el Decreto Legislativo N° 816, se emitió prescindiendo totalmente del procedimiento legal establecido, sin fundamentarse en hechos, citas legales y pruebas, y sin tener en cuenta los elementos indispensables relativos a la verdadera situación legal de la recurrente, por lo que la misma deviene en nula.

Las personas jurídicas de derecho privado existen desde su inscripción en los Registros Públicos y no, como sostiene la reclamante, desde que se constituyen o establecen, por lo que al haberse constituido la recurrente con posterioridad al 31 de diciembre de 1995, no le es aplicable la exoneración del Impuesto Predial prevista en el Decreto Legislativo N° 780.

De conformidad con lo dispuesto por el inciso a) del artículo 21° del Decreto Supremo N° 089-96-EF, la recurrente no cumplió con los requisitos para gozar del beneficio concedido por el Decreto Legislativo N° 780.

 

Argumentos de la recurrente:

La resolución de alcaldía apelada es nula de conformidad con lo previsto en el numeral 1) del artículo 109° del Código Tributario y el inciso b) del artículo 43° del Decreto Supremo N° 02-94-JUS, pues el alcalde que expidió la Resolución de Alcaldía N° 1070-98-AMPI no tenía competencia para declarar de oficio la nulidad de una resolución anterior que se pronunciaba sobre la misma materia, conforme lo dispone el artículo 110° del citado decreto supremo y porque no se configuró ninguna de las tres causales de nulidad previstas en el artículo 109° del Código Tributario.

Respecto al fondo del asunto, según consta en su escritura de constitución, su objeto social es la prestación de servicios de alojamiento a través de establecimientos de hospedaje, agencias de viaje, servicios complementarios y servicios turísticos de cualquier modalidad, siendo propietaria del hotel gravado con el tributo según consta en la Ficha N° 15848, Asiento 6-C de los Registros Públicos de Ica.

Al tratarse de una empresa de servicios de establecimientos de hospedaje, le corresponde gozar de los beneficios tributarios otorgados por el Decreto Legislativo N° 780, prorrogado por el Decreto Legislativo N° 820, tal como inicialmente entendió la Administración.

Al considerar la Administración Tributaria que la existencia de la empresa no puede computarse desde la fecha de la escritura de constitución, sino desde la fecha de su inscripción en los Registros Públicos, comete un grave error de interpretación, pues esa no es la exigencia de las normas legales que regulan la exoneración del Impuesto Predial aplicable a los establecimientos de hospedaje. El requisito de la inscripción registral no es ningún obstáculo para obtener el beneficio previsto en la ley, pues se trata de un requisito subsanable.

Por otro lado, el Decreto Supremo N° 089-96-EF de ningún modo reglamenta la exoneración del Decreto Legislativo N° 780 que ella invoca, que específicamente otorga una exoneración tributaria a las empresas que se hayan constituido o establecido desde el 1 de enero de 1994 hasta el 31 de diciembre de 1995, como es su caso (inciso b) del artículo 2°). En efecto, ella se constituyó el 20 de diciembre de 1995, conforme puede apreciarse en la escritura de constitución que se incluye en el expediente. Los beneficios tributarios a los que se refiere la última parte del artículo 2° del Decreto Supremo N° 089-96-EF tienen aplicación específica sólo para las empresas que hayan iniciado o ampliado sus operaciones a partir del 13 de setiembre de 1996, pero no para las que, como en su caso, se constituyeron antes del 31 de diciembre de 1995.

 

Antecedentes:

De la documentación que conforme el expediente se desprende que con fecha 24 de abril de 1996, la recurrente solicitó ante la Municipalidad Provincial de Ica, la exoneración del Impuesto Predial respecto del inmueble de su propiedad ubicado en la Avenida Los Maestros N° 422 y Calle los Pacaes s/n, Urbanización San José de la ciudad de Ica, aduciendo que el mismo tenía por finalidad brindar servicios de hospedaje.

Dicha solicitud dio lugar a la expedición de la Resolución de Alcaldía N° 529-96-AMPI del 17 de setiembre de 1996, que declaró "improcedente e infundada" la solicitud presentada por la recurrente por considerar que debía tomarse como su fecha de constitución la del asiento de presentación a Registros Públicos para su inscripción, lo que recién se había efectuado el 13 de febrero de 1996.

Contra esta resolución la recurrente interpuso, el 25 de abril de 1997, recurso de reclamación. Este recurso fue resuelto por la Administración mediante la Resolución de Alcaldía N° 132-98-AMPI del 26 de febrero de 1998, que declaró procedente la impugnación presentada por la recurrente y, por lo tanto, reconoció que le era aplicable a la misma la exoneración solicitada.

Posteriormente, la Administración notificó a la recurrente las Órdenes de Pago N°s. 055 y 056-97-MPI-DR, por concepto de Impuesto Predial de los años 1996 y 1997, las que fueron devueltas por la recurrente invocando la Resolución de Alcaldía N° 132-98-AMPI, lo que dio lugar al procedimiento de impugnación que es materia del presente pronunciamiento.

 

Análisis:

De lo señalado en los antecedentes se desprende que es materia de controversia determinar si para efecto de la exoneración del Impuesto Predial prevista en el Decreto Legislativo N° 780, el término "constitución" está referido a la fecha de la escritura pública del acuerdo de formación de la sociedad o a su fecha de inscripción en Registros Públicos, a fin de definir si el citado beneficio es de aplicación a la recurrente en los ejercicios 1996 y 1997.

Conforme con el literal b) del artículo 2° del Decreto Legislativo N° 780 (publicado el 31 de diciembre de 1993), las empresas de servicios de establecimientos de hospedaje que se constituyeran o establecieran hasta el 31 de diciembre de 1995, se encontraban exoneradas del Impuesto Predial por cinco (5) años computados a partir de la fecha en que se constituyeran o establecieran, en el caso de empresas constituidas o establecidas fuera de la Provincia de Lima y Callao; y, por dos (2) años para las que se constituyeran o establecieran dentro de la Provincia de Lima y Callao. Dicho dispositivo estableció expresamente su vigencia a partir del 1 de enero de 1994.

Cabe señalar que si bien posteriormente el Decreto Legislativo N° 820 (publicado el 23 de abril de 1996), reglamentado por el Decreto Supremo N° 089-96-EF, señaló que las empresas de servicios de establecimientos de hospedaje que iniciaran o ampliaran sus operaciones antes del 31 de diciembre de 19981, estarían exoneradas del Impuesto Predial por cinco (5) y tres (3) años, según se tratara de empresas ubicadas fuera o dentro de la Provincia de Lima y Callao, respectivamente, contados a partir de la fecha del inicio de sus operaciones, no cabe interpretar esta disposición como una prórroga del beneficio otorgado por el Decreto Legislativo N° 780.

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1 Posteriormente, la Ley N° 26962 extendió hasta el 31 de diciembre del 2003 el plazo para iniciar o ampliar operaciones.

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En efecto, la prórroga -de acuerdo con la acepción recogida en el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas2- implica el aplazamiento o alargamiento de un plazo, o la continuación de un estado de cosas durante un lapso determinado. El beneficio regulado por el Decreto Legislativo N° 820, sin embargo, introdujo supuestos distintos a los originalmente previstos por el Decreto Legislativo N° 780 para efectos del otorgamiento del beneficio (por ejemplo, el concepto de "inicio" o de "ampliación" de operaciones por parte del contribuyente), así como plazos distintos para el goce de los beneficios en el caso de los contribuyentes que prestaban servicios de hospedaje dentro de la Provincia de Lima y Callao (tres años vs. los dos años que otorgaba el Decreto Legislativo N° 780).

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2 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editora Helista, Buenos Aires, 1989, Tomo VI, pag. 481.

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En consecuencia, no cabe aplicar extensivamente lo señalado por el Decreto Supremo N° 089-96-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 820, para efectos de determinar los alcances de la exoneración otorgada por el Decreto Legislativo N° 780, como pretende la Administración.

En lo que se refiere al asunto materia de análisis, esto es al momento en que debe entenderse que una empresa se encuentra "constituida" para efectos de la aplicación del beneficio, resulta pertinente señalar que al no haber definido el Decreto Legislativo N° 780 lo que debe entenderse por dicho concepto, en el caso analizado es necesario recurrir a lo que sobre el particular establecían las normas especiales que regulaban a las sociedades.

La Ley General de Sociedad aplicable durante la vigencia del Decreto Legislativo N° 780 era el Texto Único Ordenado aprobado por el Decreto Supremo N° 003-85-JUS, cuyo articulado establecía:

"Artículo 1°.- Por el contrato de sociedad quienes la constituyen convienen en aportar bienes o servicios para el ejercicio en común de una actividad económica, en cualquiera de las formas reguladas por la presente ley (...)."

"Artículo 3°.- El contrato social debidamente inscrito, genera una persona jurídica de derecho privado (...) debe constar en escritura pública e inscribirse en el Registro del lugar del domicilio de la sociedad (...)".

"Artículo 385°.- Es irregular la sociedad que no se ha constituido e inscrito conforme lo dispone la ley (...)"3

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3 El subrayado es nuestro.

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De lo señalado en los artículos citados y del resto del articulado de la Ley General de Sociedades analizada, se desprende que la fundación o formación de una sociedad es un proceso que se inicia con el otorgamiento de la escritura pública y culmina con la inscripción de la misma en los Registros Públicos, acto con el cual la sociedad adquiere el derecho a la personalidad jurídica.

Como puede apreciarse, esta ley distinguía entre la "constitución" de la sociedad y la "inscripción" de la misma en el registro, acto este último a partir del cual se adquiría personería jurídica. En dicho contexto, debe entenderse que estos términos hacen alusión a dos momentos distintos del proceso de formación de la sociedad. Así, la referencia al término "constitución" debe entenderse referido al momento en el que los socios se reúnen, aportan bienes para pagar el capital, establecen las normas del pacto social y del estatuto y suscriben la minuta y la escritura pública que dará origen a la sociedad, mientras la alusión al término "registro" hace referencia al momento culminante del proceso de fundación de la sociedad, en el que la misma adquiere derecho a la personalidad jurídica.

Conviene agregar que tal distinción se mantiene en la Ley General de Sociedades actualmente vigente, aprobada por la Ley N° 26887, tal como puede apreciarse de la lectura de los artículos 5°, 6° y 423°, entre otros4.

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4 Dichas normas señalan lo siguiente:

"Artículo 5°.- La sociedad se constituye por escritura pública, en la que está contenido el pacto social, que incluye el estatuto. Para cualquier modificación de éstos se requiere la misma formalidad (...)

Los actos referidos en el párrafo anterior se inscriben obligatoriamente en el Registro del domicilio de la sociedad.

(...)".

"Artículo 6°.- La sociedad adquiere personalidad jurídica desde su inscripción en el Registro (...)"

"Artículo 423°.- Es irregular la sociedad que no se ha constituido e inscrito conforme a esta ley (...)"

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Según se aprecia, de acuerdo con lo previsto en las leyes que regulan la formación de sociedades queda claro que la referencia al término "constitución" en el caso de una sociedad, no debe ser confundido con el momento en el cual la misma obtiene su inscripción en el registro; por lo que para efecto de la exoneración del Impuesto Predial prevista en el Decreto Legislativo N° 780, debe considerarse que la sociedad se ha constituido en la fecha de la escritura pública.

De acuerdo con lo expuesto en los párrafos anteriores, en el caso de autos, corresponde aplicar el beneficio dispuesto en el Decreto Legislativo N° 780, pues la recurrente estaba comprendida dentro del supuesto de exoneración previsto en el citado dispositivo, al haberse constituido el 20 de diciembre de 1995, conforme con la escritura pública que obra en el expediente, en folios 98 a 115.

Finalmente, cabe señalar que como quiera que mediante la resolución que se emita en base al presente dictamen se estará variando la interpretación efectuada por el Tribunal Fiscal en su Resolución N° 624-3-99 de 3 de setiembre de 1999, que dispuso que las sociedades se entienden constituidas cuando adquieren una personería jurídica distinta a la de sus socios, lo que ocurre cuando se cumple con su inscripción en los Registros Públicos correspondientes, el criterio que la misma establezca deberá constituir jurisprudencia de observancia obligatoria y ser publicado en el diario oficial "El Peruano", en aplicación del artículo 154° del Código Tributario.

 

Conclusión:

Por lo expuesto, soy de opinión que el Tribunal Fiscal acuerde:

1. REVOCAR la Resolución de Alcaldía N° 1070-98-AMPI del 20 de agosto de 1998, emitida por la Municipalidad Provincial de Ica, y dejar sin efecto las Órdenes de Pago N°s. 055 y 056-97-MPI-DR.

2. DECLARAR que de acuerdo con el artículo 154° del Texto Unico Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo N° 135-99-EF, la presente resolución constituye precedente de observancia obligatoria disponiéndose su publicación en el diario oficial "El Peruano" en cuanto establece el siguiente criterio:

"Para efecto de la exoneración del Impuesto Predial prevista en el Decreto Legislativo N° 780, se considera que la sociedad se ha constituido en la fecha de la escritura pública."

 

Salvo mejor parecer,

 

ZORAIDA OLANO SILVA

Vocal Informante

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