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TRIBUNAL FISCAL NOTIFICACION EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COACTIVA

042

TRIBUNAL FISCAL

 

 

NOTIFICACION EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COACTIVA

"Los actos administrativos a que se refiere el artículo 25° de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva respecto a la deuda tributaria exigible (resoluciones de determinación o multa, órdenes de pago, resolución debidamente notificada y no apelada en el plazo de ley, resolución del Tribunal Fiscal, resolución que declara la pérdida del beneficio de fraccionamiento), deben ser notificados conforme a lo establecido en el artículo 104° del Texto Único Ordenado del Código Tributario."

"La "notificación personal" a que se refiere el inciso a) de la Sexta Disposición Complementaria y Transitoria de la Ley N° 26979, podrá entenderse realizada no sólo con el obligado sino también con la persona capaz que se encuentre en el domicilio del obligado, dejándose constancia de su nombre y de su relación con el notificado, en observancia del artículo 83° del Texto Único Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos - Decreto Supremo N° 002-94-JUS, de aplicación supletoria."

R.T.F. No. 861-2-2001

 

EXPEDIENTE N° : 115-2001

INTERESADO : AUGUSTO ANTILLAQUE, CLEMENTE

ASUNTO : Queja

PROCEDENCIA : Ilo

FECHA : Lima, 25 de julio del 2001

 

Vista la queja interpuesta por AUGUSTO ANTILLAQUE, CLEMENTE contra el Ejecutor y Auxiliar Coactivo de la Municipalidad Provincial de Ilo, por haber iniciado un Procedimiento de Cobranza Coactiva en violación de lo dispuesto por la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva.

 

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 155° del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por el Decreto Supremo N° 135-99-EF, el recurso de queja se presenta cuando existan actuaciones o procedimientos que afecten directamente o infrinjan lo establecido en dicho Código;

Que el artículo 38° de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, Ley N° 26979, dispone que el obligado podrá interponer recurso de queja ante el Tribunal Fiscal contra las actuaciones o procedimientos del Ejecutor o Auxiliar que lo afecten directamente e infrinjan el Procedimiento de Cobranza Coactiva para obligaciones tributarias de los Gobiernos Locales, teniendo el Tribunal Fiscal la facultad de ordenar la suspensión del procedimiento o la suspensión de una o más medidas cautelares;

Que en primer lugar, el quejoso cuestiona el acto de notificación de la Orden de Pago N° 1161-2000 y la Resolución de Determinación N° 1175-2000 y señala que, en todo caso, no le corresponde pagar la deuda contenida en dichos valores ya que está inafecto al pago del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales en virtud de lo establecido en la Primera Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley N° 27046, que otorgó el beneficio de inafectación a los bienes inscritos a nombre de la COFOPRI, hasta la formalización de la transferencia de propiedad a terceros;

Que no procede que este Tribunal se pronuncie en la vía de la queja respecto a la validez de la notificación de los valores ni la condición del deudor tributario del quejoso, toda vez que esta vía está reservada para encauzar el procedimiento, y no para dilucidar el fondo de la contiene, en tal sentido, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 103° del Texto Unico Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, aprobado por el Decreto Supremo N° 002-94-JUS, procede otorgar el trámite de reclamación contra la Orden de Pago N° 1161-2000 y la Resolución de Determinación N° 1175-2000, a este extremo del recurso de queja, considerando como fecha de interposición del mismo, la de presentación en la Mesa de Partes de este Tribunal, debiendo la Administración verificar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad;

Que asimismo, el quejoso manifiesta que el Ejecutor y Auxiliar Coactivos de la Municipalidad Provincial de Ilo han incurrido en irregularidades en el Procedimiento de Cobranza Coactiva iniciado en su contra, entre ellas, no haber notificado conforme a ley la Resolución de Ejecución Coactiva N° 3093-2000-EC-MPI;

Que sobre el particular cabe indicar que de acuerdo con lo dispuesto por los incisos a) d) del numeral 25.1 del artículo 25° de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, se considera deuda exigible y por tanto susceptible de ser cobrada coactivamente, a la establecida mediante resolución de determinación o resolución de multa, emitida por la entidad conforme a ley, debidamente notificada y no reclamada en el plazo de ley, así como a la que conste en una orden de pago emitida conforme a ley;

Que asimismo, el artículo 29° de la citada Ley señala que el Procedimiento de Cobranza Coactiva es iniciado por el Ejecutor mediante la notificación al obligado de la Resolución de Ejecución Coactiva, la que contiene un mandato de cumplimiento de la obligación exigible coactivamente, dentro del plazo de 7 días hábiles de notificado, bajo apercibimiento de dictarse alguna medida cautelar;

Que con relación a la notificación, el artículo 104° del Código Tributario establece que la notificación de los actos administrativos se realizará indistintamente, por cualquiera de los medios señalados en dicho artículo, entre ellos, por correo certificado o por mensajero, en el domicilio fiscal, con acuse de recibo o con certificación de la negativa a la recepción, indicándose en ese último caso, que adicionalmente se podrá fijar la notificación en la puerta principal del domicilio fiscal, entendiéndose éste como el lugar fijado dentro del territorio nacional para todo efecto tributario, el cual se considera subsistente mientras su cambio no sea comunicado a la Administración Tributaria en la forma establecida por ésta, que asimismo, establece que si no hubiera persona capaz alguna en el domicilio o éste estuviera cerrado, se fijará la notificación en la puerta principal del domicilio fiscal;

Que por su parte, la Sexta Disposición Complementaria y Transitoria de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva establece que la notificación de los actos administrativos de las entidades de la Administración Pública Nacional, a que se refieren los Capítulos II y III de la Ley, se realizará: a) Por notificación personal con acuse de recibo en el domicilio del obligado o por correo certificado, b) Mediante la publicación, por dos veces consecutivas, en el Diario Oficial y en el diario de la localidad encargado de los avisos judiciales o, en su defecto, en uno de mayor circulación en dicha localidad, cuando el domicilio del obligado fuera desconocido, y c) Por cartel, cuando no fuera posible efectuar la notificación de acuerdo en los incisos anteriores;

Que corresponde determinar si la Sexta Disposición Complementaria y Transitoria de la Ley de Procedimiento de Cobranza Coactiva es aplicable a la notificación de todos los actos de las entidades de la Administración Pública, esto es tanto a la notificación de los valores como a la notificación de las resoluciones dictadas en el Procedimiento de Cobranza Coactiva, o si sólo es aplicable a la notificación de las resoluciones dictadas en el Procedimiento de Cobranza Coactiva;

Que al respecto, es preciso hacer referencia al objeto de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, el cual según el artículo 1° de la misma, es establecer el marco legal de los actos de ejecución coactiva que ejercen las entidades de la administración Pública Nacional, y constituir el marco legal que garantice a los obligados el desarrollo de un debido procedimiento coactivo;

Que asimismo, la propia Sexta Disposición Complementaria y Transitoria de la Ley de procedimiento de Ejecución Coactiva restringe su ámbito de aplicación al señalar que regula la notificación de los actos administrativos a que se refieren los Capítulos II y III de la Ley, los cuales están referidos a los Procedimientos de Cobranza Coactiva de Obligaciones no Tributarias y Obligaciones Tributarias de los Gobiernos Locales;

Que en tal sentido, los actos derivados del Procedimiento de Cobranza Coactiva, como es el caso de la resolución que da inicio al referido procedimiento, deben ser notificados conforme con lo dispuesto por la Sexta Disposición Complementaria y Transitoria de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, al ser esta disposición aplicable exclusivamente a los actos administrativos que se lleven a cabo dentro del propio Procedimiento de Cobranza Coactiva, y la notificación de los demás actos, tales como las resoluciones de determinación o multa, órdenes de pago, resoluciones que resuelven recursos impugnativo o solicitudes no contenciosas, resoluciones del Tribunal Fiscal, o la resolución que declara la pérdida del fraccionamiento, debe realizarse conforme con lo establecido por el artículo 104° del Código Tributario;

Que de acuerdo con lo expuesto, la notificación de la Resolución de Ejecución Coactiva N° 3093-2000-EC-MPI, debía efectuarse conforme con lo dispuesto por la Sexta Disposición Complementaria y Transitoria de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, en cuyo inciso a) se prevé la notificación personal con acuse de recibo en el domicilio del obligado o por correo certificado;

Que si bien dicha disposición no precisa si la "notificación personal" con acuse de recibo en el domicilio del obligado o por correo certificado debe ser realizada al mismo obligado o, en su defecto, a la persona que se encuentre en el domicilio del primero, es preciso indicar que conforme con lo dispuesto por la Segunda Disposición Final de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, es aplicable supletoriamente el Texto Único Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, en lo que resulte pertinente;

Que el artículo 83° del Texto Único Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, señala que cuando el obligado no se encuentre en su domicilio al momento de efectuarse la notificación, ésta podrá entenderse con la persona que esté en ese momento en dicho domicilio, dejándose constancia de su nombre y de su relación con el notificado;

Que al constituir el domicilio del obligado el lugar que se encuentra bajo su esfera de control, en el cual desarrolla sus actividades y/o se encuentran sus relaciones vitales, existen razones objetivas para considerar que éste tomará conocimiento del acto notificado, logrando con ello que el mismo sea eficaz con prescindencia de la voluntad del administrado, por lo que la "notificación personal" a que se refiere la indicada Sexta Disposición Complementaria y Transitoria, debe entenderse no solamente con el obligado sino también con la persona que se encuentre en el domicilio del primero, siempre que se cumplan las formalidades señaladas;

Que en el caso de autos, la Resolución de Ejecución Coactiva N° 3093-2000-EC-MPI fue notificada en el domicilio del quejoso a una persona que manifestó ser el cuidador del inmueble, por lo que en este extremo tampoco se ha infringido lo dispuesto por la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, procediendo declarar infundada la queja en este extremo;

Que el criterio expuesto en la presente resolución respecto a la aplicación y alcances de la Sexta Disposición Complementaria y Transitoria de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva modifica el establecido en las Resoluciones del Tribunal Fiscal N°s. 366-5-2000 y 998-5-2000 del 23 de mayo y el 30 de noviembre del 2000, en tal sentido, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 154° del Código Tributario, procede que la presente resolución constituya jurisprudencia de observancia obligatoria;

Que en cuanto a lo alegado por el quejoso respecto a que la respuesta a la solicitud de suspensión del Procedimiento de Cobranza Coactiva fue notificado vencido el plazo de 8 días hábiles a que se refiere el numeral 31.6. del artículo 31° de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, cabe indicar que dicho numeral establece que el Ejecutor deberá pronunciarse expresamente sobre la solicitud de suspensión del Procedimiento de Cobranza Coactiva dentro de un plazo de 8 días hábiles siguientes a su presentación, y vencido dicho plazo sin que medie pronunciamiento expreso, el Ejecutor estará obligado a suspender el procedimiento cuando el obligado acredite el silencio administrativo con el cargo de recepción de su solicitud, sin embargo, en el caso de autos, si bien se emitió la Resolución Coactiva N° 3510-2000-EC-MPI 4 días después de haber vencido el plazo antes mencionado, no consta en el expediente que el quejoso haya acreditado el silencio administrativo ante la Administración con el cargo de recepción de su solicitud con anterioridad a la notificación de la indicada resolución, por lo que carece de fundamento que el quejoso alegue que operó el silencio administrativo a su favor;

Que asimismo, respecto a lo manifestado por el quejoso en el sentido que no se cumplió con elevar al superior jerárquico la apelación formulada contra la Resolución Coactiva N° 3510-2000-EC-MPI que declaró improcedente la solicitud de suspensión del Procedimiento del Procedimiento de Cobranza Coactiva, es preciso señalar que nuestra legislación no ha previsto la posibilidad de impugnar dicha resolución y, en todo caso, de existir alguna irregularidad en la tramitación del Procedimiento de Cobranza Coactiva, el quejoso tenía expedita la vía de la queja, tal como ha sucedido en el caso de autos;

De acuerdo al Dictamen de la vocal Espinoza Bassino, cuyos fundamentos se reproduce;

Con las vocales Zelaya Vidal, Espinoza Bassino y Ayasta Seclén.

 

RESUELVE:

1. DAR TRÁMITE de reclamación contra la Orden de Pago N° 1161-2000 y la Resolución de Determinación N° 1175-2000, al recurso de queja en el extremo referido a la notificación de dichos valores y a la inafectación del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales, considerándose como fecha de interposición del mismo el 12 de enero del 2001, debiendo la Administración verificar los requisitos de admisibilidad establecidos por el artículo 137° del Código Tributario, y declarar INFUNDADA la queja en lo demás que contiene.

2. Declarar de acuerdo con el artículo 154° del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por el Decreto Supremo N° 135-99-EF, que la presente resolución constituye precedente de observancia obligatoria, disponiéndose su publicación en el Diario Oficial "El Peruano" en cuanto establece los siguientes criterios:

"Los actos administrativos a que se refiere el artículo 25° de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva respecto a la deuda tributaria exigible (resoluciones de determinación o multa, órdenes de pago, resolución debidamente notificada y no apelada en el plazo de hoy, Resolución del Tribunal Fiscal, resolución que declara la pérdida del beneficio de fraccionamiento), deben ser notificados conforme a lo establecido en el artículo 104° del Texto Único Ordenado del Código Tributario."

"La "notificación personal" a que se refiere el inciso a) de la Sexta Disposición Complementaria y Transitoria de la Ley N° 26979, podrá entenderse realizada no sólo con el obligado sino también con la persona capaz que se encuentre en el domicilio del obligado, dejándose constancia de su nombre y de su relación con el notificado, en observancia del artículo 83° del Texto Único Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos - Decreto Supremo N° 002-94-JUS, de aplicación supletoria."

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y REMÍTASE a la Municipalidad Provincial de Ilo, para sus efectos.

 

ZELAYA VIDAL ESPINOZA BASSINO AYASTA SECLÉN

VOCAL PRESIDENTA VOCAL VOCAL

 

EXPEDIENTE N° : 115-2001

DICTAMEN : Vocal Espinoza Bassino

INTERESADO : AUGUSTO ANTILLAQUE, CLEMENTE

ASUNTO : Queja

PROCEDENCIA : Ilo

FECHA : Lima, 25 de julio del 2001

 

Señor:

 

AUGUSTO ANTILLAQUE, CLEMENTE interpone recurso de agua contra el Ejecutor y Auxiliar Coactivo de la Municipalidad Provincial de Ilo, por haberle iniciado el Procedimiento de Cobranza Coactiva, violando el debido proceso y su derecho de defensa.

 

Argumentos del Quejoso

La Administración ha iniciado el procedimiento de cobranza coactiva sin haber cumplido con notificar la Orden de Pago N° 1161-2000, la Resolución de Determinación N° 1175-2000 sobre Impuesto Predial y Arbitrios de los años 1995 a 1999 y Seg. Vecinal de 1999, así como la Resolución de Ejecución Coactiva N° 3093-2000-EC-MPI, sobre Impuesto Predial y Arbitrios de los años 1995 a 1999 y Seg. Vecinal de 1999, transgrediendo lo establecido por la Sexta Disposición Complementaria y Transitoria de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, Ley N° 26979, violando su derecho de defensa.

Señala que la norma en mención establece que la notificación de los actos administrativos de las entidades de la Administración Pública Nacional, a que se refieren los Capítulos II y III de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, se efectuará por notificación personal con acuse en el domicilio del obligado o por correo certificado; sin embargo, la Administración Tributaria no le ha notificado los citados valores ni la Resolución de Ejecución Coactiva.

Por otra parte, la Administración notificó la respuesta a su solicitud de suspensión del Procedimiento de Cobranza Coactiva, la misma que fuera declarada improcedente, vencido el plazo de 8 días hábiles que establece la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, habiendo transgredido lo dispuesto en el numeral 16.4 del artículo 16° de la citada Ley.

Dicho numeral establece que el ejecutor deberá pronunciarse sobre la solicitud de suspensión del Procedimiento de Cobranza Coactiva dentro de los 8 días hábiles siguientes a la solicitud, vencidos los cuales sin que medie pronunciamiento expreso, el ejecutor estará obligado a suspender el procedimiento cuando el obligado acredite el silencio administrativo con el cargo de recepción de su solicitud.

Indica que con fecha 29 de noviembre del 2000 interpuso apelación contra la Resolución Coactiva N° 3510-2000-EC-MPI, que resuelve su solicitud de suspensión, recurso que debió ser elevado al superior jerárquico, sin embargo, fue declarada improcedente por el Ejecutor Coactivo.

Finalmente, señala que la Administración no ha tomado en cuenta lo dispuesto por la Primera Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley N° 27046 que establece que se encuentran inafectos al Impuesto Predial, a los Arbitrios Municipales, y en general, a cualquier tributo municipal que se cree, los bienes inscritos como propiedad de la COFOPRI, mientras no sean adjudicados a tercero; y, que en su caso, recién se le ha otorgado el título de propiedad, debidamente inscrito en el Registro Predial Urbano, el 16 de marzo del 2000.

 

Análisis

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 155° del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por el Decreto Supremo N° 135-99-EF, el recurso de queja se presenta cuando existan actuaciones o procedimientos que afecten directamente o infrinjan lo establecido en dicho Código.

Asimismo, el artículo 38° de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, Ley N° 26979, dispone que el obligado podrá interponer recurso de queja ante el Tribunal Fiscal contra las actuaciones o procedimientos del Ejecutor o Auxiliar que lo afecten directamente e infrinjan el Procedimiento de Cobranza Coactiva para obligaciones tributarias de los Gobiernos Locales, teniendo el Tribunal Fiscal la facultad de ordenar la suspensión del procedimiento o la suspensión de una o más medidas cautelares.

En primer lugar, el quejoso cuestiona el acto de notificación de la Orden de Pago N° 1161-2000 y la Resolución de Determinación N° 1175-2000 y señala que, en todo caso, no le corresponde pagar la deuda contenida en dichos valores ya que en virtud de lo establecido en la Primera Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley Complementaria de Promoción del Acceso a la Propiedad Formal, Ley N° 27046, está inafecto al pago del Impuesto Predial, de los Arbitrios Municipales y en general de cualquier otro tributo municipal que se cree, por los bienes inscritos a nombre de la COFOPRI, hasta la formalización de la transferencia de propiedad a terceros;

Al respecto cabe indicar que no procede que este Tribunal se pronuncie en la vía de la queja sobre la validez de la notificación de los valores ni la condición de deudor tributario del quejoso, ya que esta vía está reservada para encauzar el procedimiento, y no para dilucidar el fondo de la contienda. En tal sentido, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 103° del Texto Único Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, aprobado por el Decreto Supremo N° 002-94-JUS, procede otorgar el trámite de reclamación contra la Orden de Pago N° 1161-2000 y la Resolución de Determinación N° 1175-2000, a este extremo del recurso de queja, considerando como fecha de interposición del mismo, la de presentación en la Mesa de Partes de este Tribunal, debiendo la Administración verificar los requisitos de admisibilidad a trámite previstos en el artículo 137° del Código Tributario.

Asimismo, el quejoso manifiesta que el Ejecutor y Auxiliar Coactivos de la Municipalidad Provincial de Ilo han incurrido en irregularidades en el Procedimiento de Cobranza Coactiva iniciado en su contra, entre ellas, no haber notificado conforme a ley la Resolución de Ejecución Coactiva N° 3093-2000-EC-MPI.

Sobre el particular indicar que de acuerdo con lo dispuesto por los incisos a) y d) del numeral 25.1 del artículo 25° de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, se considera deuda exigible y por tanto susceptible de ser cobrada coactivamente, a la establecida mediante resolución de determinación o resolución de multa, emitida por la entidad conforme a ley, debidamente notificada y no reclamada en el plazo de ley, así como a la que conste en una orden de pago emitida conforme a ley.

Por su parte, el artículo 29° de la citada Ley señala que el Procedimiento de Cobranza Coactiva es iniciado por el Ejecutor mediante la notificación al obligado de la Resolución de Ejecución Coactiva, la que contiene un mandato de cumplimiento de la obligación exigible coactivamente, dentro del plazo de 7 días hábiles de notificado, bajo apercibimiento de dictarse alguna medida cautelar.

Con relación a la notificación, el inciso a) del artículo 104° del Código Tributario establece que la notificación de los actos de la Administración Tributaria se realizará por correo certificado o por mensajero, en el domicilio fiscal, con acuse de recibo o con certificación de la negativa a la recepción, indicándose en este último caso, que adicionalmente se podrá fijar la notificación en la puerta principal del citado domicilio fiscal, entendiéndose éste como el lugar fijado dentro del territorio nacional para todo efecto tributario, el cual se considera subsistema mientras su cambio no sea comunicado a la Administración Tributaria en la forma establecida por ésta. Asimismo, establece que si no hubiera persona capaz alguna en el domicilio a nivel o éste estuviera cerrado, se fijará la notificación en la puerta principal del domicilio fiscal.

Por su parte, la Sexta Disposición Complementaria y Transitoria de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva establece que la notificación de los actos administrativos de las entidades de la Administración Tributaria Nacional, entre ellos los Gobiernos Locales, a que se refieren los Capítulos II y III de esa ley, se realiza: a) Por notificación personal con acuse de recibo en el domicilio del obligado o por correo certificado, b) Mediante la publicación, por dos veces consecutivas, en el Diario Oficial y en el diario de la localidad encargado de los avisos judiciales o, en su defecto, en uno de mayor circulación en dicha localidad, cuando el domicilio del obligado fuera desconocido y c) Por carteles, cuando no fuera posible efectuar la notificación de acuerdo a lo señalado en los incisos anteriores.

Corresponde determinar si la Sexta Disposición Complementaria y Transitoria de la Ley de Procedimiento de Cobranza Coactiva es aplicable a la notificación de todos los actos de las entidades de la Administración Pública, esto es tanto a la notificación de los valores como a la notificación de las resoluciones dictadas en el Procedimiento de Cobranza Coactiva, o si sólo es aplicable a la notificación de las resoluciones dictadas en el Procedimiento de Cobranza Coactiva;

Al respecto, es preciso hacer referencia al objeto de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, el cual según el artículo 1° de la misma, es establecer el marco legal de los actos de ejecución coactiva que ejercen las entidades de la Administración Pública Nacional en virtud de las facultades otorgadas por las leyes de sus materias específicas, y constituir el marco legal que garantice a los obligados el desarrollo de un debido procedimiento coactivo.

Asimismo, la propia Sexta Disposición Complementaria y Transitoria de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva restringe su ámbito de aplicación al señalar que regula la notificación de los actos administrativos a que se refieren los Capítulos II y III de la Ley, los cuales están referidos justamente a los Procedimientos de Cobranza Coactiva de Obligaciones no Tributarias y Obligaciones Tributarias de los Gobiernos Locales.

En tal sentido, los actos derivados del Procedimiento de Cobranza Coactiva, como es el caso de la resolución que da inicio al referido procedimiento, deben ser notificados conforme con lo dispuesto por la Sexta Disposición Complementaria y Transitoria de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, al ser esta disposición aplicable exclusivamente a los actos administrativos que se lleven a cabo dentro del propio Procedimiento de Cobranza Coactiva, y la notificación de los demás actos, tales como las resoluciones de determinación o multa, órdenes de pago, resoluciones que resuelven recursos impugnativos o solicitudes no contenciosas, resoluciones del Tribunal Fiscal, o la resolución que declara la pérdida del fraccionamiento, debe realizarse conforme con lo establecido por el artículo 104° del Código Tributario;

De acuerdo con lo expuesto, la notificación de la Resolución de Ejecución Coactiva N° 3093-2000-EC-MPI debía efectuarse conforme con lo dispuesto por la Sexta Disposición Complementaria y Transitoria de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, en cuyo inciso a) se prevé la notificación personal con acuse de recibo en el domicilio del obligado o por correo certificado.

Si bien dicha disposición no precisa si la "notificación personal" con acuse de recibo en el domicilio del obligado o por correo certificado debe ser realizada al mismo obligado o, en su defecto, a la persona que se encuentre en el domicilio del primero, es preciso indicar que conforme con lo dispuesto por la Segunda Disposición Final de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, es aplicable en forma supletoria el Texto Único Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, en lo que resulte pertinente.

El artículo 83° del Texto Único Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos aprobada por el Decreto Supremo N° 002-94-JUS, señala que cuando el obligado no se encuentre en su domicilio al momento de efectuarse la notificación, ésta podrá entenderse con la persona que esté en ese momento en dicho domicilio, dejándose constancia de su nombre y de su relación con el notificado.

Al constituir el domicilio del obligado el lugar que se encuentra bajo su esfera de control, en el cual desarrolla sus actividades y/o se encuentran sus relaciones vitales, existen razones objetivas para considerar que éste tomará conocimiento del acto notificado, logrando con ello que el mismo sea eficaz con prescindencia de la voluntad del administrado. De este modo, se evita condicionar la eficacia de la notificación al hecho que la Administración encuentre al obligado en su domicilio, lo que, en ocasiones resulta una exigencia difícil de cumplir para aquélla, aun cuando pueda utilizar el medio supletorio establecido en el inciso c) de la Sexta Disposición Complementaria y Transitoria de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva.

En tal sentido, la "notificación personal" a que se refiere la indicada Sexta Disposición Complementaria y Transitoria, debe entenderse no solamente con el obligado sino también con la persona que se encuentre en el domicilio del primero, siempre que se cumplan las formalidades arriba señaladas.

En el caso de autos, consta a fojas 61 el acuse de recibo de la notificación de la Resolución de Ejecución Coactiva N° 3093-2000-EC-MPI, en el cual se indica que dicha resolución fue notificada en el domicilio del quejoso a una persona con el nombre de Víctor Rodríguez Benavente, quien manifestó ser el cuidador del inmueble, por lo que en este extremo tampoco se ha infringido lo dispuesto por la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, procediendo declarar infundada la queja en este extremo.

El criterio expuesto en la presente resolución respecto a la aplicación y alcances de la Sexta Disposición Complementaria y Transitoria de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva modifica el establecido en las Resoluciones del Tribunal Fiscal N°s. 366-5-2000 y 998-5-2000 del 23 de mayo y el 30 de noviembre del 2000; en tal sentido, de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 154° del Código Tributario, procede que el presente criterio constituya jurisprudencia de observancia obligatoria para los órganos de la Administración Tributaria.

En cuanto a lo alegado por el quejoso en el sentido que la respuesta a la solicitud de suspensión del Procedimiento de Cobranza Coactiva fue notificada vencido el plazo de 8 días hábiles a que se refiere el numeral 31.6. del artículo 31° de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, cabe indicar que dicho numeral establece que el Ejecutor deberá pronunciarse expresamente sobre la solicitud de suspensión del Procedimiento de Cobranza Coactiva dentro de un plazo de 8 días hábiles siguientes a su presentación. Vencido dicho plazo sin que medie pronunciamiento expreso, el Ejecutor estará obligado a suspender el procedimiento cuando el obligado acredite el silencio administrativo con el cargo de recepción de su solicitud.

Sin embargo, en el caso de autos, si bien se emitió la Resolución Coactiva N° 3510-2000-EM-MPI 4 días después de haber vencido el plazo antes mencionado, tal como lo afirman la Administración y el quejoso a fojas 1 y 32, respectivamente, no consta en el expediente que el quejoso haya acreditado el silencio administrativo ante la Administración con el cargo de recepción de su solicitud con anterioridad a la notificación de la indicada resolución.

Efectivamente, la suspensión del procedimiento opera cuando habiendo vencido el plazo y no mediano pronunciamiento alguno por parte de la Administración, el recurrente alega el silencio administrativo a su favor, tal como señala el numeral 31.6 del artículo 31° de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva.

De acuerdo a lo expuesto, la Administración Tributaria habría cumplido con notificar la Resolución de Ejecución Coactiva N° 3093-2000-EC-MPI conforme a ley, por lo que carece de fundamento que el quejoso alegue que operó el silencio administrativo a su favor.

Por otra parte, el quejoso señala que la Administración no cumplió con elevar al superior jerárquico la apelación formulada contra la Resolución Coactiva N° 3510-2000-EC-MPI que declaró improcedente la solicitud de suspensión del Procedimiento de Cobranza Coactiva, y en vez de ello, resolvió a pesar de haber señalado que la Oficina de Ejecución Coactiva no tenía competencia para resolver medios impugnativos de ninguna clase.

Al respecto, es preciso señalar que nuestra legislación no ha previsto la posibilidad de impugnar dicha resolución y, en todo caso, de existir alguna irregularidad en la tramitación del Procedimiento de Cobranza Coactiva, el quejoso tenía expedita la vía de la queja, tal como ha sucedido en el caso de autos.

De la revisión de las causales de suspensión contempladas en la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva se ha podido constatar que el Ejecutor Coactivo no ha incumplido con dichas causales, por lo que no procede declarar fundada la queja en este extremo.

Por lo expuesto, soy de opinión que este Tribunal acuerde:

1. DAR TRÁMITE de reclamación contra la Orden de Pago N° 1161-2000 y la Resolución de Determinación N° 1175-2000, al recurso de queja en el extremo referido a la notificación de dichos valores y a la inafectación del Impuesto Predial y de los Arbitrios Municipales, considerándose como fecha de interposición del mismo el 12 de enero del 2001, debiendo la Administración verificar los requisitos de admisibilidad establecidos por el artículo 137° del Código Tributario, y declarar INFUNDADA la queja en lo demás que contiene.

2. Declarar de acuerdo con el artículo 154° del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por el Decreto Supremo N° 135-99-EF, que la presente resolución constituye precedente de observancia obligatoria, disponiéndose su publicación en el Diario Oficial "El Peruano" en cuanto establece los siguientes criterios:

"Los actos administrativos a que se refiere el artículo 25° de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva respecto a la deuda tributaria exigible (resoluciones de determinación o multa, órdenes de pago, resolución debidamente notificada y no apelada en el plazo de ley, resolución del Tribunal Fiscal, resolución que declara la pérdida del beneficio de fraccionamiento), deben ser notificados conforme a lo establecido en el artículo 104° del Texto Único Ordenado del Código Tributario."

"La "notificación personal" a que se refiere el inciso a) de la Sexta Disposición Complementaria y Transitoria de la Ley N° 26979, podrá entenderse realizada no sólo con el obligado sino también con la persona capaz que se encuentre en el domicilio del obligado, dejándose constancia de su nombre y de su relación con el notificado, en observancia del artículo 83° del Texto Único Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos - Decreto Supremo N° 002-94-JUS, de aplicación supletoria."

 

Salvo mejor parecer,

 

TRIBUNAL FISCAL

RENEE GEMMA AURELIA ESPINOZA BASSINO

Vocal Informante

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