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ESTABLECE CRITERIOS A SER APLICADOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS TRIBUTARIOS

RESOLUCION No 021-97-TDC

ESTABLECE CRITERIOS A SER APLICADOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS TRIBUTARIOS

PROCEDENCIA: Lambayeque TEMA: Reestructuración Patrimonial

REFERENCIA LEGAL: Arts. 2, 4, 17:inc.4 del D. Leg. No 845.

Arts. 7, 8 y 34 del D.S. No 044-93-EF.

Arts. 33 y 115 del Código Tributario.

 

Resolución No 072-96-TDC. 

 

COMISION DE REESTRUCTURACION EMPRESARIAL - CAMARA DE COMERCIO DE LAMBAYEQUE

Chiclayo, 24 de setiembre de 1996

Expediente No 006-95

GRANJA LAS MERCEDES E.I.R.L.

La Comisión de Reestructuración Empresarial

VISTO:

El Oficio No 088-96-MEF/REP.CRED.TRIB., por el cual hace conocer que la impugnación contra los valores emitidos por la SUNAT, deducida por la deudora se ha desestimado, de ahí que corresponde ahora reconocer los créditos invocados mediante Oficio No 021-96-MEF/REP.CRED.TRIB; y el escrito presentado por el Presidente de la Junta de Acreedores de Granja Las Mercedes EIRL.

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución No 001-95-CRE-CCAIL/EXP006-05 se declaró improcedente la solicitud de reconocimiento de créditos formulada por el representante de las acreencias tributarias, mediante Oficio No 021-96- MEF/REP.CRED.TRI., porque los valores en que se sustentaban los referidos créditos habían sido impugnados; que si bien la impugnación ha sido desestimada; como se desprende de las Resoluciones del Tribunal Fiscal que se adjuntan al oficio del visto, aparece del escrito presentado por el Presidente de la Junta de Acreedores de la empresa deudora, que las citadas resoluciones han sido objeto de demanda contencioso- admnistrativa, lo cual se acredita con el correspondiente cargo del escrito pertinente, de todo lo cual se puede inferir que los créditos aún continúan en estado de contingencia, situación en que no es viable reconocerlos, porque ello implicaría que la Comisión se avoque al conocimiento de procesos que lo son de otro órgano, máxime si ahora será el jurisdiccional quien conozca de los mismos y, en cuyo caso, significaría que al pronunciarse favorablemente este Colegiado, avocarse causas pendientes ante dicho órgano y de esta manera vulnerar lo estipulado en el Artículo 139o, numeral 2, de la Constitución Política del Estado; en uso de sus atribuciones y al amparo de la disposición constitucional precitada;

RESUELVE:

Declarar IMPROCEDENTE, por ahora, la petición de reconocimiento de créditos tributarios, formulada mediante Oficio No 088-96- MEF/REP.CRED.TRIB.

RAMON CORNEJO SAAVEDRA.- FORTUNATO SALAZAR BELEVAN.- MANUEL GUEVARA QUEPUY.- OSCAR LARIOS VINCES.- CARLOS SANTISTEBAN DE LA PIEDRA.- VICTOR BACA DOIG.

 

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Sala de Defensa de la Competencia

RESOLUCION No 021-97-TDC

EXPEDIENTE No 006-95-05-CRE-CCAIL

 

PROCEDENCIA : COMISION DE REESTRUCTURACION EMPRESARIAL DE LA

CAMARA DE COMERCIO, AGRICULTURA E INDUSTRIA DE

LAMBAYEQUE (LA COMISION)

ACREEDOR : REPRESENTANTE DE LOS CREDITOS DE ORIGEN TRIBUTARIO

(REPRESENTANTE TRIBUTARIO)

DEUDOR : GRANJA LAS MERCEDES E.I.R.L. (LAS MERCEDES)

MATERIAS : RECONOCIMIENTO DE CREDITOS DE ORIGEN TRIBUTARIO

OPOSICION DEL CONVENIO DE LIQUIDACION EXTRAJUDICIAL

RECONOCIMIENTO DE CREDITOS TRIBUTARIOS

CONTROVERTIDOS JUDICIALMENTE PRECEDENTE DE

OBSERVANCIA OBLIGATORIA

Lima, 22 de enero de 1997

I. ANTECEDENTES

El 25 de marzo de 1996, el representante tributario solicitó a la Comisión el reconocimiento de los créditos que mantiene la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) frente a Las Mercedes, ascendentes a S/. 319,374.16, de los cuales S/. 193,423.01 corresponden al capital de la deuda tributaria original, y el saldo a intereses y recargos devengados hasta la fecha de presentación de la solicitud. En su solicitud, el representante tributario manifestó que, aun cuando las Resoluciones de Intendencia números O85-94-011951 085-4- 01152, 085-4-01706, en las cuales están incorporados los créditos invocados se encuentran en trámite de apelación ante el Tribunal Fiscal, esto no es obstáculo para su reconocimiento, ya que, (i) de conformidad con lo establecido en el Código Tributario la obligación tributaria nace cuando se produce el hecho imponible; y (ii) el Artículo 4o de la Ley de Reestructuración no considera como requisito que los créditos sean exigibles.

Por Resolución No 001-95-CRE-CCAIL/EXP.-006-05 del 3 de abril de 1996, la Comisión, declaró improcedente la solicitud formulada por el representante tributario, toda vez que de conformidad con el criterio de la Comisión de Simplificación del Acceso y Salida del Mercado contenido en su Memoria Anual de 1995, no corresponde reconocer créditos que se encuentran controvertidos, ya que su monto no puede ser determinado en forma definitiva.

El 11 de setiembre de 1996, el representante tributario presento a la Comisión copias de las Resoluciones números 2029-4-96 y 2053-4-96 emitidas por el Tribunal Fiscal, en las que se confirman las Resoluciones de Intendencia números 085-4-01706 y 085-4-01151, las mismas que a su vez declararon improcedentes los reclamos formulados contra las Resoluciones de Determinación números 082-3-00255 y 082-3-00256 la primera, y las Resoluciones de Multa números 93.004914K02149 y 93.004914K02149, la segunda. Atendiendo a lo expuesto en las Resoluciones del Tribunal Fiscal, solicitó que se reconozcan los créditos de Sunat frente a Las Mercedes ascendentes a S/. 203,550.00 por concepto de capital de la deuda tributaria más los intereses devengados al 13 de setiembre de 1996, y de S/. 597.00 por concepto de capital correspondientes al recargo por reclamación inoficiosa.

De otro lado, el 13 de setiembre de 1996, el presidente de la junta de acreedores de Las Mercedes se apersonó al procedimiento y manifestó que durante la tramitación de los mencionados procedimientos ante el Tribunal Fiscal presento copia del convenio de liquidación extrajudicial suscrito por Las Mercedes y sus acreedores el 25 de marzo de 1996 y que, según el Artículo 34o del Reglamento de la Ley de Reestructuración Empresarial, aprobado por Decreto Supremo No 044-93-EF (el Reglamento), el Tribunal Fiscal debió poner fin a dichos procedimientos y remitir los expedientes a la Comisión para que ésta haga el análisis correspondiente y determine los créditos contenidos en la solicitud del representante tributario.

Asimismo, señaló que Las Mercedes ha presentado una demanda en la vía Contencioso-Administrativa, ante la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República, contra las Resoluciones del Tribunal Fiscal, por lo que no corresponde reconocer los créditos a los que se refieren las Resoluciones del Tribunal Fiscal, los mismos que mantienen su condición de contingentes.

El 24 de setiembre de 1996 mediante Resolución No 00296-CRE-CCAIL- EXP/006-05, la Comisión declaró improcedente el nuevo pedido para el reconocimiento de créditos en favor de la Sunat, al considerar que dichos créditos continúan en estado de contingencia, tal como se acredita con las copias de las demandas contencioso administrativas presentadas por el presidente de la junta de acreedores.

El 4 de octubre de 1996, el representante tributario apeló de la Resolución No 002-96-CRE-CCAIL-EXP/006-05 sosteniendo que en aplicación de la cláusula octava del Convenio de Liquidación Extrajudicial, celebrado entre la insolvente y sus acreedores así como el Artículo 30o del Reglamento, es atribución del Liquidador representar a Las Mercedes en todos los actos, sea en juicio o fuera de él. En este sentido, el representante legal de Las Mercedes es su liquidadora, la empresa Martín y Mauricci Consultores Asociados y no el Presidente de la junta de acreedores, quien estaría ejerciendo atribuciones que no le competen al presentar las demandas ante el Poder Judicial en representación de la deudora. Sunat agrega que según el Artículo 157o del Código Tributario vigente, la presentación de una demanda contencioso-administrativa no interrumpe la ejecución de los actos o Resoluciones de la Administración Tributaria y por ello las resoluciones emitidas por el Tribunal Fiscal conservan plena validez.

Por Resolución No 003-96-CRE-CCAIL-EXP/006-05 del 11 de octubre de 1996, la Comisión concedió el recurso de apelación interpuesto por el representante tributario contra la Resolución No 002-96-CRE-CCAIL- EXP/006-05, disponiendo que se eleve el expediente a la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi.

Recibido el expediente por esta Sala y habiéndose corrido traslado de la apelación, ninguna de las partes se ha apersonado a la instancia.

II. CUESTIONES EN DISCUSION

Del análisis de los antecedentes, así como de la documentación e información que obra en el expediente, en el presente caso se debe determinar lo siguiente:

(i) si la presentación del convenio de liquidación extrajudicial pone fin a los procedimientos administrativos seguidos ante el Tribunal Fiscal;

(ii) si el inicio de un procedimiento contencioso administrativo contra una resolución que agota la vía administrativa impide reconocer los créditos ordenados pagar en dicha resolución;

(iii) si, en virtud de lo anterior, corresponde reconocer los créditos invocados por el representante tributario en favor de Sunat.

III. ANALISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSION

III.1. Efectos de la presentación del convenio de liquidación extrajudicial en los procedimientos seguidos contra la empresa insolvente.

Sin que ello constituya un pronunciamiento sobre la competencia o incompetencia del Tribunal Fiscal para conocer de la impugnación formulada contra las resoluciones de intendencia comprendidas en este procedimiento, esta Sala en su calidad de segunda instancia administrativa en la tramitación de los procedimientos concursales, debe pronunciarse sobre la aplicación del Artículo 34o del Reglamento (el Reglamento) (1), invocado por el presidente de la junta de acreedores de Las Mercedes.

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(1) Artículo 34o del Reglamento (parte pertinente):

"La sola presentación del convenio de liquidación extrajudicial, debidamente autenticado por el Presidente de la Junta y el Representante de la Comisión o quien haga sus veces, pondrá fin a todas las acciones judiciales, arbitrales y administrativas, incluidas las coactivas, que tengan como objeto el cobro de los créditos, cualquiera fuere su estado. Los expedientes correspondientes deberán ser entregados a la Comisión para el análisis de los créditos, siempre que no hubiesen sido oportunamente reconocidos. Asimismo, a mérito de la presentación de dicho convenio, quedarán sin efecto los embargos y las demás medidas cautelares o definitivas que sean incompatibles con lo estipulado en éste...".

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Sobre el particular, si bien el Decreto Legislativo No 845 no es aplicable a este caso, de su exposición de motivos se puede recoger el análisis práctico que hace del carácter universal, indivisible, colectivo y equitativo de los procedimientos concursales. Dice, en primer término, que la difusión del estado de insolvencia de una empresa genera entre sus acreedores un estado de "pánico" comercial que los lleva a accionar individualmente contra su patrimonio, para cobrar antes que los demás afectados por la incapacidad de pago que afecta a la empresa.

La exposición de motivos explica que ante esa situación, para cumplir sus fines la legislación concursal debe evitar la "canibalización" de la empresa a través de un régimen de excepción transitorio, con procedimientos simples y con bajos costos de transacción. Así, al verificarse el estado de insolvencia frente al legítimo interés individual de cada acreedor, se privilegia la protección del patrimonio de la insolvente el cual, siendo la garantía natural del universo de acreedores, podría resultar insuficiente para satisfacer todos sus créditos en un procedimiento liquidatorio, en cuyo caso los efectos de la crisis tendrían que ser distribuidos entre los acreedores, conforme a las prioridades de la legislación.

Para ello, se reúne en un solo procedimiento todas las obligaciones de la empresa con el fin de buscar una fórmula integral para su pago, y se transfiere a los acreedores las atribuciones necesarias para decidir el destino de la empresa y conducir los procedimientos a través de la junta de acreedores, cuyos acuerdos son oponibles a terceros, inclusive a los acreedores que hubieran opuesto a ellos.

En concordancia con los principios expuestos en los párrafos anteriores, atendiendo en especial al carácter universal de los procedimientos concursales, el Artículo 34o del Reglamento, concordante con el inciso 4) del Artículo 17o de la Ley de Reestructuración Empresarial (2) dispone que por efecto de la presentación del convenio de liquidación extrajudicial debe ponerse fin a todos los procedimientos seguidos contra la empresa insolvente, que tengan por objeto el pago de obligaciones a su cargo. En ese caso, los expedientes deben ser remitidos al órgano administrativo correspondiente para que, de ser el caso determine la existencia, origen, titularidad, legitimidad y cuantía de los créditos.

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(2) Artículo 17o de la Ley de Reestructuración (parte pertinente):

"La liquidación extrajudicial de los bienes de la empresa se sujetará a las siguientes normas:

(...)

4o El convenio de liquidación extrajudicial (...) será obligatorio para las empresa en liquidación y para todos los acreedores, inclusive para aquellos que no hayan participado en la Junta de Acreedores y para los que hayan votado en contra..."

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En consecuencia, contrariamente a lo expresado por el presidente de la junta de acreedores de Las Mercedes, el mandato del Artículo 34o del Reglamento afecta únicamente a los procesos de ejecución y no a los que tienen por objeto determinar la existencia y cuantía de los créditos.

Sin perjuicio de lo señalado, en atención a los argumentos del representante tributario, debe precisarse que esta Sala no es competente para pronunciarse sobre el apersonamiento del presidente de la junta de acreedores de Las Mercedes en el procedimiento seguido ante el Tribunal Fiscal.

III.3. Distinción entre los créditos que pueden sustentar una solicitud de declaración de insolvencia y aquéllos que integran la masa de acreedores.

Tal como se mencionó en la Resolución No 072-96-TDC emitida el 25 de octubre de 1996 por esta Sala en el Expediente No 005-95-CRE-CCAIL, correspondiente al procedimiento seguido por el representante tributario con Pastor Boggiano S.A. sobre reconocimiento de créditos, la Ley de Reestructuración Empresarial hace una distinción entre los créditos en virtud de los cuales se puede solicitar la declaración de insolvencia de una empresa y los créditos que deben formar parte de la masa de acreedores.

De esta forma, mientras el Artículo 2o de la Ley de Reestructuración requiere que los créditos que sustenten una solicitud de declaración de insolvencia deben encontrarse vencidos y ser exigibles, en virtud de los Artículos 4o de la misma norma y 5o 7o y 8o del Reglamento, para pedir el reconocimiento de créditos frente a una empresa insolvente, bastará que éstos simplemente se hayan devengado (3).

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(3) Artículo 2o de la Ley de Reestructuración (parte pertinente):

"Uno o varios acreedores impagos cuyos créditos superen en total el equivalente a Cincuenta Unidades Impositivas Tributarias vigentes en la fecha de la solicitud, podrán solicitar la declaratoria de insolvencia del deudor, ante la Comisión de Simplificación del Acceso y Salida del Mercado a que se refieren la Segunda y Tercera Disposición Complementarias del presente Decreto Ley, en adelante la Comisión. Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se entiende por acreedor impago a aquél cuyo crédito exigible. Tratándose de créditos que se vencen por armadas o cuotas, sólo se computarán las armadas o cuotas vencidas por cualquier causa..."

Artículo 4o de la Ley de Reestructuración (parte pertinente):

"Sólo tendrán derecho a participar en la Junta convocada conforme al artículo anterior, los acreedores que hasta el décimo día hábil anterior a la fecha señalada para la realización de la Junta presenten ante la Comisión los títulos que acrediten la existencia de sus créditos, se encuentren o no vencidos.

La Comisión reconocerá la titularidad, legitimidad y cuantía de los créditos conforme lo determine el Reglamento. Si un crédito no ha sido reconocido judicialmente, mediante resolución consentida o ejecutoriada, la discusión sólo versará sobre su cuantía, siempre que no esté fijada en la sentencia".

Artículo 5o del Reglamento (parte pertinente):

"Sólo tendrán derecho a participar en la Junta los acreedores que hasta el décimo día hábil anterior a la fecha señalada para la realización de la Junta hayan presentado ante la Comisión los títulos que acrediten la existencia de sus créditos, se encuentren o no vencidos...".

Artículo 7o del Reglamento

"Los acreedores, deberán acreditar ante la Comisión la titularidad, el origen la cuantía, incluyendo el capital e intereses y la preferencia de sus créditos."

Artículo 8o del Reglamento (parte pertinente):

"La Comisión o quien haga sus veces realizará el análisis de los créditos presentados para su reconocimiento, investigando su cuantía y legitimidad por todos los medios, luego de lo cual expedirá una resolución que deberá ser notificada a los acreedores, en la que constará la relación de los créditos cuya titularidad, legitimidad y cuantía se reconocen".

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El motivo de la diferencia es simple. La declaración del estado de insolvencia a solicitud de acreedores responde a la constatación de un hecho objetivo constituido por la cesación de pagos, es decir que con anterioridad a la presentación de la solicitud correspondiente, la empresa deudora incumplió con el pago oportuno de las obligaciones que mantiene frente a esos acreedores. En este caso, debe precisarse que por mandato de nuestra legislación, para pedir la declaración del estado de insolvencia de un deudor, el incumplimiento debe tener, cuando menos, treinta días de antigüedad.

Por el contrario, declarado el estado de insolvencia de una empresa, el reconocimiento de créditos responde a la necesidad de determinar la masa de acreedores, conformada por el universo de los titulares de los créditos comprendidos en el procedimiento y, con ello, la conformación de su junta, en la que se adoptarán las decisiones sobre el futuro de la insolvente y la marcha del procedimiento concursal. Por este motivo, para el reconocimiento de los créditos por parte de la Comisión no es necesario que éstos sean exigibles, ni que se encuentren vencidos, sino que bastará con que se hayan devengado, ya que lo que se busca es identificar la realidad del pasivo de la empresa, que servirá como elemento importante para la junta de acreedores al momento de tomar las principales decisiones a su cargo.

III.4. Reconocimiento de créditos de origen tributario para efectos de su participación en las juntas de acreedores.

El Artículo 7o del Reglamento, citado anteriormente, establece que para efectos del reconocimiento de las obligaciones que mantienen las empresas insolventes frente a ellos, "Los acreedores, deberán acreditar ante la Comisión la titularidad, el origen, la cuantía (...) de sus créditos". En igual sentido, el Artículo 8o de la misma norma señala que "La Comisión o quien haga sus veces realizará el análisis de los créditos presentados para su reconocimiento, investigando su cuantía y legitimidad por todos los medios...".

Aun cuando en términos generales no resultaría difícil a cualquier acreedor demostrar la existencia, origen, legitimidad, titularidad o cuantía de sus créditos, tratándose de créditos tributarios dicha prueba adquiere características particulares. No puede olvidarse que, mientras generalmente las obligaciones de una empresa en estado de insolvencia han surgido como consecuencia de su actuación en el mercado y, por lo tanto tienen su origen en una relación contractual voluntaria, existen otros acreedores cuya condición de tales no responde a la voluntad del deudor.

Se encuentran entre estos últimos los titulares de indemnizaciones determinadas por la autoridad judicial ante la verificación de un supuesto de responsabilidad extracontractual y el Estado en su condición de acreedor tributario.

Es evidente que tratándose del acreedor de una indemnización, el título de su crédito será la resolución judicial correspondiente, pero en el caso de los acreedores tributarios independientemente de las declaraciones presentadas por los contribuyentes, hay supuestos en los que no se tiene otra prueba sobre la existencia de los créditos que la determinación hecha por la propia autoridad tributaria, ya que como adelantamos, éstos no se originan en la voluntad de los agentes del mercado, sino en el ejercicio de las facultades de imperio propias del Estado, al establecer el origen de la obligación tributaria.

Esta situación origina en la práctica que, en gran parte de los casos, las distintas entidades administradoras de tributos determinen sus créditos en forma unilateral, sin la participación de su deudor, pudiendo producirse situaciones en las cuales los créditos de origen tributario se determinen aplicando una base presunta incorrecta. Ante dicha posibilidad, como parte de su función de generar mecanismos que otorguen mayor seguridad jurídica a las partes comprendidas en los procedimientos a cargo de los órganos funcionales del Indecopi, esta Sala aprobó en la Resolución No 072-96-TDC antes mencionada, un precedente de observancia obligatoria (4) que contiene diversos criterios a ser aplicados en los procedimientos de reconocimiento de créditos tributarios, tutelando así los legítimos derechos e intereses, no sólo de la empresa insolvente, sino también de sus demás acreedores, quienes podrían ver injustamente afectada su participación en la junta correspondiente como consecuencia del reconocimiento de créditos de origen tributario, determinados en forma errónea.

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(4) Criterios para el reconocimiento de créditos tributarios contenidos en el precedente de observancia obligatoria aprobado en la Resolución No 072-96-TDC:

"a) Con la solicitud de reconocimiento de créditos de origen tributario, es necesario que se presenten los instrumentos o documentos sustentatorios que acrediten el reconocimiento por el deudor o, en su caso, que hayan sido debidamente notificados al deudor tributario.

b) Para que la Comisión o una entidad delegada reconozca los créditos de origen tributario que previamente no hayan sido reconocidos por el deudor, deberá verificar que el plazo de ley con que cuenta el deudor para impugnar de dichos créditos ante la administración tributaria haya vencido.

c) No procede el reconocimiento de los créditos de origen tributario, cuando quede fehacientemente acreditado, que dichos créditos se encuentran controvertidos en la vía administrativa. Si procederá el reconocimiento respecto de la parte de los créditos no controvertidos.

d) Procederá el reconocimiento de los créditos mencionados en el literal anterior, cuando quede acreditado que la resolución de la administración tributaria o del tribunal administrativo competente, que resuelve la controversia, quedó consentida."

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Así, con la aplicación del precedente aprobado, se busca evitar que la participación de los acreedores en la junta se vea distorsionada por el reconocimiento de créditos incorporados en resoluciones de la administración tributaria que, atendiendo al Artículo 115o del Código Tributario (5) no son ejecutables hasta que queden firmes en la vía administrativa, pudiendo ser impugnadas y, por lo tanto, revocadas o modificadas por el Tribunal Fiscal, el mismo que bien podría declarar ilegítimos dichos créditos, o reducir su cuantía. Lo contrario sucede con las resoluciones emitidas por el mencionado tribunal, a las cuales el Código Tributario les otorga mérito ejecutivo.

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(5) Artículo 115o del Código Tributario (parte pertinente):

"La deuda exigible dará lugar a las acciones de coerción para su cobranza. A este fin se considera deuda exigible:

a) La establecida mediante Resolución de Determinación o de Multa emitidas por la Administración y no reclamadas en el plazo de ley.

b) La establecida por resolución no apelada en el plazo de ley, o por Resolución del Tribunal Fiscal.

c) La constituida por las cuotas de amortización de la deuda materia de aplazamiento o fraccionamiento pendientes de pago, cuando se incumplen las condiciones bajo las cuales se otorgó ese beneficio.

d) La que conste en una Orden de Pago emitida conforme a la ley.

e) Las costas y los gastos en que la Administración hubiere incurrido en el procedimiento de cobranza coactiva...".

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III.5. Precisiones al precedente de observancia obligatoria aprobado por Resolución No 072-96-TDC.

Como se ha visto, el Artículo 115o del Código Tributario recién analizado considera deuda exigible a la deuda contenida en resoluciones de la autoridad tributaria que no han sido apeladas o que han sido confirmadas por el Tribunal Fiscal, es decir, a las deudas contenidas en resoluciones que han quedado consentidas en la vía administrativa, sin perjuicio de que puedan ser impugnadas en la vía judicial.

En ese sentido, sería contrario a los principios del derecho concursal que, entre otros, tiene por objeto que la junta de acreedores represente al universo de obligaciones que pudiesen afectar al patrimonio de la empresa insolvente, establecer para el reconocimiento de créditos tributarios, requisitos mayores a los impuestos por la legislación especial para el cobro.

Por ello, la Sala considera necesario precisar el criterio contenido en el literal d) del precedente de observancia obligatoria aprobado en la Resolución No 072-96-TDC, en los siguientes términos:

"d) Procederá el reconocimiento de los créditos a los que se refiere el presente precedente de observancia obligatoria, cuando se acredite que la resolución de la administración tributaria ha quedado consentida, o que el Tribunal Fiscal ha emitido pronunciamiento sobre la controversia sometida a su consideración".

III.6. Procedencia del reconocimiento de los créditos invocados por el representante tributario en este procedimiento.

En el caso de autos, el representante tributario presento las resoluciones de determinación emitidas por la Intendencia Regional de Piura de la Sunat y posteriormente las resoluciones del Tribunal Fiscal números 2029-4-96, 20534-96, que confirmaron las primeras, con lo que quedó agotada la vía administrativa. En virtud de ello y en concordancia con los criterios para el reconocimiento de créditos tributarios contenidos en el precedente de observancia obligatoria al que se refiere el numeral anterior de esta Resolución, corresponde reconocer los créditos invocados por el representante tributario en favor de Sunat, derivados de tributos impagos, multas y recargos, ascendentes a S/. 176,722.00 por concepto de capital más intereses devengados hasta el 31 de diciembre de 1995, capitalizados de conformidad con el Artículo 33o del Código Tributario (7).

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(7) Artículo 33o del Código Tributario (parte pertinente):

"... b) El interés diario acumulado al 31 de diciembre de cada año se agregará al tributo impago, constituyendo a la nueva base para el cálculo de los intereses diarios del año siguiente.

La nueva base para el cálculo de los intereses tendrá tratamiento de tributo para efectos de la imputación de pagos a que se refiere el Artículo 31o...".

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Teniendo en consideración que esta Sala no tiene información sobre el estado del procedimiento derivado de la declaración de insolvencia de Las Mercedes, y por lo tanto no conoce la fecha en que se habría decidido el destino de la empresa, de ser el caso, corresponde disponer que la primera instancia determine el monto de los intereses devengados, según corresponda al procedimiento principal.

IV. RESOLUCION DE LA SALA

En atención a lo expuesto, esta Sala ha resuelto:

Primero: Revocar la Resolución de la Comisión de Reestructuración Empresarial de la Cámara de Comercio Agricultura e Industria de Lambayeque No 001-95-CRECCAIL/Exp. 006-005 que declaró improcedente la solicitud de reconocimiento de créditos invocados por el representante tributario en favor de Sunat frente a Las Mercedes.

Segundo: Reconocer los créditos que mantiene Sunat frente a Las Mercedes ascendentes a S/. 176,722.00 por concepto de capital más intereses devengados hasta el 31 de diciembre de 1995, capitalizados de conformidad con el Artículo 33o del Código Tributario, debiendo la primera Instancia determinar los intereses que correspondan, conforme al procedimiento principal.

Tercero: Precisar el precedente de observancia obligatoria aprobado por Resolución No 072-96-TDC, el mismo que queda establecido en los siguientes términos:

"d) Procederá el reconocimiento de los créditos a los que se refiere el presente precedente de observancia obligatoria, cuando se acredite que la resolución de la administración tributaria ha quedado consentida o que el Tribunal Fiscal ha emitido pronunciamiento sobré la controversia sometida a su consideración."

Cuarto: Disponer que la Secretaría Técnica remita copias de la presente Resolución y de la de primera instancia al Directorio del INDECOPI para que éste proceda a su publicación dentro de los alcances del Artículo 43o del Decreto Legislativo No 807.

Con la intervención de los señores vocales: Alfredo Bullard González, Hugo Eyzaguirre del Sante, Jorge Vega Castro, Luis Hernández Berenguel Gabriel Ortiz de Zevallos Madueño y José Antonio Payet Puccio.

ALFREDO BULLARD GONZALEZ, Presidente de la Sala de Defensa de la Competencia.

 

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